La Fiscalía pide multa y desalojo en Orejo tras ocupación ilegal de VPO

El Ministerio Público ha solicitado una multa de 270 euros y el desalojo en 15 días de una vivienda de protección oficial en Orejo, Marina de Cudeyo. La única ocupante que compareció en el juicio reconoció la ocupación y afirmó haber pagado a un tercero para acceder al inmueble.

Este caso se da en el contexto de una urbanización promovida por Gesvican, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, que sorteó estas viviendas entre interesados tras años de inactividad en los locales comerciales habilitados. La medida responde a un aumento en las ocupaciones ilegales en viviendas públicas en Cantabria, que preocupa a las administraciones por la inseguridad jurídica y los costes sociales.

El Gobierno regional, propietario de la vivienda, se ha adherido a la petición fiscal, buscando garantizar la recuperación del inmueble con carácter prioritario. La ocupación ilegal afecta la percepción de seguridad en las políticas de vivienda pública y pone en evidencia las dificultades para gestionar estos casos en un marco legal que busca equilibrar derechos y control.

Desde un punto de vista político, el caso refleja las tensiones existentes en torno a la ocupación y la gestión de la vivienda pública, en un momento en que la región busca fortalecer sus programas de alquiler social y prevenir situaciones similares. La medida de seguridad adoptada en la urbanización, mediante alarmas y cámaras, indica la necesidad de reforzar mecanismos preventivos frente a la ocupación ilegal.

De cara al futuro, el caso en Orejo podría marcar un precedente para las políticas de vivienda en Cantabria, estimulando debates sobre la regulación y la prevención de ocupaciones en viviendas públicas. La resolución del proceso judicial será un indicador de la voluntad política para abordar estos desafíos en los próximos meses.