Santander ordena el desalojo y apuntalamiento de un edificio en Santa Clara por riesgos estructurales, priorizando la seguridad y la gestión urbanística.
El fiscal pide multa y desalojo en Orejo tras ocupación ilegal de una VPO, en un contexto de incremento de ocupaciones en Cantabria y desafíos en la gestión de vivienda pública.
El Gobierno de Cantabria desalojó a una okupante en Piélagos tras siete años sin pagar alquiler, en un contexto de aumento de ocupaciones ilegales en la región.
Una vivienda pública en Torrelavega fue desalojada y ocupada de nuevo en 24 horas, evidenciando limitaciones legales y desafíos en la protección del patrimonio público.
Doce familias permanecen desalojadas en Los Corrales tras un colapso en obra, en un contexto de mayor control y seguridad en la construcción en Cantabria.