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Martes, 20 de octubre de 2026 Edición Cantabria · Red Crónica
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La jueza investiga posibles fallos en mantenimiento de la pasarela de El Bocal

La jueza investiga fallos en el mantenimiento de la pasarela de El Bocal tras la tragedia que causó seis muertes, en un caso que revela gestión infraestructural en Cantabria.

Redacción · Crónica Cantabria 2 min de lectura

La magistrada que instruye el caso ha citado a trece testigos, incluyendo técnicos y responsables políticos, para esclarecer las causas del colapso en la pasarela de El Bocal, que costó la vida a seis jóvenes en 2023.

El accidente fue atribuido inicialmente a un fallo en la estructura, debido a la corrosión en un herraje, según informe técnico. La investigación apunta a una posible negligencia grave en el mantenimiento y control de la infraestructura por parte de las administraciones implicadas.

Las implicaciones judiciales podrían traducirse en la imputación de delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, afectando a funcionarios de Costas y responsables del mantenimiento. La negligencia en el cuidado de espacios públicos de uso frecuente ha generado un debate sobre la gestión de infraestructuras en Cantabria.

Desde el punto de vista político, el caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los controles y protocolos de revisión en obras públicas en Cantabria, así como la responsabilidad de las administraciones en la protección de la ciudadanía. La oposición ha solicitado mayor transparencia y revisión de los procedimientos existentes.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas, con la declaración de nuevos testigos y la práctica de pruebas periciales. La situación ha despertado inquietud social sobre la seguridad en infraestructuras públicas y la gestión de mantenimiento en la comunidad autónoma, en un contexto de mayor vigilancia y demanda de responsabilidades.

El caso de El Bocal se enmarca en una problemática más amplia sobre la gestión del patrimonio público en Cantabria y la necesidad de garantizar la seguridad de los espacios de uso colectivo. La resolución del proceso judicial será clave para determinar las responsabilidades y reforzar las políticas preventivas en el futuro.

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