El Parlamento de Cantabria ha visto cómo los partidos de la oposición, PRC, PSOE y Vox, se han aliado este lunes para exigir al Gobierno regional, de PP, que busque una ubicación alternativa y más segura que Castañeda para la instalación de un vertedero de amianto. Esta instalación será necesaria para manejar las enormes cantidades de este material que se extraerán del antiguo edificio de la Residencia Cantabria.

Dentro de la propuesta aprobada, elaborada por el PSOE, se demanda al Ejecutivo que haga pública la totalidad del expediente relacionado con el desmantelamiento de la Residencia y el tratamiento del amianto en el vertedero de Castañeda. Además, se solicita la celebración de asambleas informativas dirigidas a los residentes de la zona para aclarar detalles sobre este proyecto.

Se insta también al Gobierno a implementar las mediadas necesarias para asegurar que la demolición de la Residencia y la gestión del amianto se realicen de conformidad con los estándares legales vigentes, garantizando así la protección de la salud pública. Sin embargo, esta propuesta ha encontrado oposición en los miembros del Grupo Parlamentario Popular, quienes, a pesar de ser el partido con más representantes en la Cámara, no poseen mayoría absoluta.

Desde el PP, los legisladores afirman que el proyecto ya cumple con todas las normativas pertinentes y que cuenta con el respaldo de informes técnicos favorables. Han criticado a la oposición por intentar manipular la situación usando la figura de las proposiciones no de ley para frenar un proyecto que está debidamente avalado por la documentación técnica.

El diputado Alejandro Liz ha reprimido con energía las acusaciones de la oposición, señalando que no se puede impugnar un proyecto legítimo que ya cuenta con garantías. Liz también ha descalificado el intento del PSOE de levantar alarmas públicas respecto al amianto, refiriéndose a este material y su manejo en vertederos como seguro si se encuentra debidamente encapsulado.

Siguiendo con su retrato de la complicidad del pasado, Liz ha dicho que es irresponsable que el PSOE presente esta iniciativa, dado que el vertedero proyectado responde a una normativa impuesta por el propio partido en el Gobierno de España, tras la inacción del PRC y PSOE en asegurar que Cantabria contase con un espacio para el manejo del amianto.

En respuesta a las críticas del PSOE, el exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha lamentado la falta de previsión del Gobierno al no tener claridad sobre la cantidad de amianto que se iba a retirar antes de comenzar el desmantelamiento. Pesquera alertó sobre una potencial crisis de salud pública al compararlo con desastres nucleares, lo cual fue duramente rebatido por Liz, quien descalificó las comparaciones como excesivas y fuera de lugar.

El PP negó cualquier falta de transparencia en el manejo de la información y se comprometió a poner el expediente a disposición de los parlamentarios para su consulta. Por su parte, el PRC reprochó al Gobierno su falta de comunicación respecto a los plazos del desmantelamiento y el proceso estipulado para el vertedero en Castañeda, al tiempo que cuestionó la decisión de modificar el tipo de vertedero sin la debida información.

Vox también se unió a las críticas hacia el Gobierno por haber impulsado el proyecto de manera unilateral, sin consultar al Parlamento o a los vecinos de la zona afectada. Aunque apoyan el establecimiento de un vertedero para el amianto, subrayaron la necesidad de considerar localizaciones que no estén tan cerca de la población.

En otros asuntos, la oposición ha aprobado una moción que solicita al Gobierno de Cantabria que presente en un mes un plan de seguimiento para la ejecución de los Fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta iniciativa incluye la creación de un cronograma por parte de la Consejería de Economía, detallando logros y metas por cumplir.

La diputada socialista, Ana Belén Álvarez, ha expresado su descontento al afirmar que Cantabria se encuentra rezagada en la utilización de estos fondos, instando al Gobierno a aportar más transparencia sobre el estado de los mismos. Esta preocupación es compartida por el PRC, que ha calificado la moción como un llamado a la colaboración y la responsabilidad compartida entre los distintos partidos.

Desde Vox, aunque comparten la esencia de la propuesta, critican el manejo del Gobierno central respecto a la gestión de fondos. En el lado del PP, han cuestionado la necesidad de burocracia adicional frente a la urgencia de ejecutar cuanto antes los proyectos necesarios antes de la fecha límite de 2026.

Finalmente, no se logró avanzar en una moción de Vox que instaba a reformar el modelo de apoyo a los autónomos antes de que concluyese el año, lo que resultó en la oposición de los parlamentarios del PP.