Piélagos inicia derribo de ocho viviendas tras sentencia judicial y pago de indemnizaciones
El Ayuntamiento de Piélagos ha comenzado la demolición de ocho viviendas en las urbanizaciones de Cerrias I y II, en Liencres, tras sentencias judiciales firmes. La acción, enmarcada en la segunda fase de derribos, tiene un coste de 275.000 euros y se realiza en un plazo de tres semanas.
Estas actuaciones responden a sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 1996 y 1998, derivadas de denuncias de grupos ecologistas y asociaciones ambientales. El Gobierno de Cantabria ha atendido con indemnizaciones que superan los 7,5 millones de euros a los propietarios afectados, de los cuales una parte ya ha sido abonada en esta legislatura.
Las urbanizaciones de Cerrias I y II presentan un escenario complejo, con viviendas que en algunos casos podrían regularizarse mediante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, otros inmuebles se consideran ilegales y en proceso de demolición definitiva. La administración local y autonómica trabajan en soluciones que incluyen la construcción de viviendas de sustitución y la legalización de otros inmuebles.
El consejero de Fomento, Roberto Media, ha señalado que los derribos representan uno de los mayores retos urbanos y medioambientales en Cantabria. Además, ha criticado la postura de algunos grupos ecologistas, a quienes acusa de no preocuparse por el futuro de la región. El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha destacado que, tras casi 30 años, algunas viviendas aún podrían ser viables y que el municipio continúa actuando conforme a la ley en un proceso que busca equilibrar la protección del entorno con el interés social.
De cara al futuro, ambos responsables han resaltado la importancia de acelerar la aprobación del PGOU, que permitiría legalizar 63 viviendas en el municipio. También han mencionado que otras urbanizaciones afectadas, como Entrelindes y L-05, están en proceso de tramitación definitiva. La intención es ofrecer soluciones sostenibles y legales a los afectados, en un marco de actuación que combina justicia, medio ambiente y desarrollo urbano.
Este proceso refleja las tensiones existentes entre protección del medio ambiente y necesidades urbanísticas en Cantabria. La continuidad de los derribos y la planificación urbanística futura marcarán la evolución del municipio en los próximos años, en un escenario donde la legalidad y la sostenibilidad serán prioritarias para las administraciones públicas.