Retiro masivo de 35 voluntarios en Cohorte Cantabria debido a un acuerdo controvertido con una farmacéutica estadounidense.

PIÉLAGOS, 25 de marzo. En medio de la creciente controversia en torno al acuerdo entre el proyecto de investigación biomédica Cohorte Cantabria y la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals, se han dado a conocer datos preocupantes: un total de 35 voluntarios han decidido abandonar el estudio y se han realizado 130 modificaciones en el consentimiento informado. Esta situación ha surgido por la intención de enviar muestras obtenidas de 51.000 cántabros para su análisis en el marco de las ciencias ómicas.

El exdirector del proyecto, Marcos López Hoyos, ofreció una rueda de prensa acompañando al consejero de Salud, César Pascual, y al actual director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, quien participó mediante videoconferencia. La convocatoria se realizó para abordar las dudas expresadas por el portavoz del PRC, Pedro Hernando, sobre el convenio establecido.

Durante la conferencia, se transmitió un mensaje claro: el consentimiento firmado por los voluntarios detalla de manera precisa cómo se utilizarán sus datos científicos, los cuales se publican en abierto y de forma completamente anonimizada para contribuir al avance de la investigación a nivel global.

Los representantes elogiaron la colaboración con Regeneron, argumentando que permite un entendimiento más profundo de las enfermedades y asegura un legado significativo para la comunidad científica. Además, enfatizaron que solo en dos lugares del mundo puede llevarse a cabo esta investigación de gran envergadura: en China y en esta farmacéutica de Boston, ya que las capacidades tecnológicas de España, y en particular de Cantabria, son insuficientes para manejar análisis de tal magnitud.

En este contexto, reiteraron el compromiso de mantener la confidencialidad de los datos de los participantes, subrayando que las muestras no se quedarán "olvidadas en los congeladores del biobanco" en Valdecilla, lo cual sería una falta grave hacia la infraestructura de investigación.

López Hoyos insiste en que el consentimiento no ha cambiado en ningún aspecto, reafirmando que está debidamente establecido quién es el propietario de los datos y cómo se garantiza la confidencialidad. Aseguró que "la ciencia es un bien común" y que está disponible para el mundo siempre que se respeten las normas éticas y legales correspondientes, lo que está contemplado en el consentimiento.

Además, destacó que el acuerdo con Regeneron abrirá la puerta a un análisis de los datos ómicos con un nivel de profundidad sin precedentes, además de crear oportunidades para que Cantabria se conecte con el ámbito internacional.

En respuesta a preguntas de los periodistas, López Hoyos comentó que, a raíz de las recientes controversias, el lunes se recibieron alrededor de 130 subsanaciones de consentimiento, aclarando que estos documentos contienen varios ítems que se pueden modificar. En cuanto a las retiradas de voluntarios, mencionó que, durante los cinco años de trabajo en el proyecto, ha habido algunas deserciones también en otros cohortes.

Por su parte, Crespo subrayó que la capacidad de realizar investigaciones en ciencias ómicas reside actualmente en manos de un número limitado de entidades, generalmente del sector privado, lo que plantea un desafío para los organismos académicos. También enfatizó que los datos de los participantes son de su propiedad y que siempre tendrán la opción de continuar involucrándose o no en el proyecto, asegurando que su confidencialidad será respetada en todo momento.

El director de Cohorte Cantabria resaltó que han logrado reclutar el 20% de la población invitados a participar, una cifra notable en comparación con otras cohortes globales que rondan entre el 1 y 2%. Advirtió que perder este impulso y avance en la investigación científica sería un grave golpe para la región.

Por su parte, el consejero de Salud enfatizó que no se ha llevado a cabo ninguna cesión de datos de los 50.000 cántabros a ninguna farmacéutica, excepto aquellas que están reguladas estrictamente. Destacó que los voluntarios están bien informados y tienen pleno control sobre su participación en el proyecto, con datos protegidos bajo la legislación más rigurosa de Europa.

Pascual defendió el papel del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) como el encargado de custodiar las bases de datos, garantizando que se cumplan los principios éticos y legales. Negó las acusaciones de que el acuerdo con la farmacéutica subyace en un negocio de datos, afirmando que no se trata de elegir entre lo público y lo privado, sino de asegurar la capacidad científica necesaria para llevar a cabo este tipo de investigaciones de alto nivel.

Finalmente, el consejero de Salud expresó su preocupación por la inquietud que se ha generado entre los ciudadanos, afirmando que la desinformación es perjudicial. Reiteró que el proyecto ha operado desde su inicio con "total claridad y transparencia" en el uso de los datos clínicos y que no comprende por qué el asunto ha sido llevado al próximo Pleno del Parlamento, enfatizando que es un esfuerzo de la comunidad científica y no del gobierno.