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Domingo, 18 de octubre de 2026 Edición Cantabria · Red Crónica
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La Fiscalía denuncia fraude a la Seguridad Social en Cantabria por evasión de cuotas

El acusado en Cantabria enfrenta cárcel y multa por fraude en cotizaciones a la Seguridad Social mediante entramados societarios, afectando derechos laborales.

Redacción · Crónica Cantabria 2 min de lectura

Un empresario cántabro enfrenta una condena de hasta seis años de cárcel y una multa superior a 375.000 euros por presunto fraude en cotizaciones a la Seguridad Social entre 2014 y 2017. La investigación revela un entramado de sociedades que ocultaban las obligaciones sociales, afectando a al menos seis empleados.

Los testigos, antiguos empleados, confirmaron que figuraban en nóminas y que sus cotizaciones aparecían correctamente en los registros, pese a que en realidad cobraban en metálico y no se ingresaban las cuotas correspondientes. Además, señalaron que el empresario gestionaba varias sociedades con actividades complementarias, muchas de ellas sin maquinaria ni empleados, con el fin de dificultar la inspección y el control social.

El proceso judicial se enmarca en un contexto político más amplio de lucha contra la economía sumergida y el fraude laboral. La Seguridad Social y la Fiscalía consideran que el acusado diseñó un entramado empresarial para evadir cuotas y perjudicar a los derechos de los trabajadores, en un escenario que refleja deficiencias en la fiscalización y en la regulación de múltiples actividades económicas en la región.

Este caso evidencia las dificultades que enfrentan las instituciones para detectar y sancionar estos delitos, que afectan la sostenibilidad del sistema de bienestar social. La presión para reforzar los controles y mejorar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas se ha intensificado en los últimos meses.

El juicio, que continúa con declaraciones de peritos y más testigos, marcará un precedente en la lucha contra el fraude en Cantabria. La resolución definitiva podría influir en futuras políticas de inspección y en la regulación de las estructuras societarias para evitar este tipo de esquemas ilegales en el sector empresarial de la comunidad autónoma.

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