En un escenario político marcado por la división, los representantes de la Corporación de Torrelavega han acordado unirse en la solicitud de una financiación "equitativa y solidaria" del Estado hacia las comunidades autónomas, con excepción de los partidos PSOE e IU-Podemos.

En una reciente sesión plenaria, se aprobó el hermanamiento de Torrelavega con la ciudad ucraniana de Jersón, lo que recibió el respaldo conjunto del equipo de Gobierno, conformado por PRC-PSOE y el PP. Sin embargo, los partidos Vox, Torrelavega Sí e Izquierda Unida-Podemos expresaron su desacuerdo, alegando que este no es el momento propicio para tal iniciativa.

El equipo de Gobierno argumentó que el hermanamiento simboliza un acto de solidaridad y cooperación con Jersón, una de las ciudades más devastadas por la agresión rusa. La intención es que Torrelavega pueda ofrecer ayuda humanitaria, programas para la reconstrucción y la acogida de refugiados.

A pesar de reconocer la importancia de ayudar a Jersón, Vox y Torrelavega Sí creen que el hermanamiento es irresponsable, dado el contexto incierto que enfrenta la región. El portavoz de Vox, Roberto García Corona, expresó su preocupación ante la situación y calificó el hermanamiento de "frivolidad". Por su parte, Arturo Roíz de Torrelavega Sí subrayó la inestabilidad de Jersón, sugiriendo que los vínculos podrían eventualmente confundirse con el régimen ruso.

Paralelamente, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, criticó al Pleno por su aparente dureza hacia Rusia mientras deseaba que esa misma rigurosidad se aplicara al conflicto palestino.

En temas distintos, la sesión plenaria dio luz verde a cambios en el convenio colectivo que beneficiarán a los policías locales, permitiendo que aquellos que lo deseen amplíen su jornada laboral durante festivos y turnos nocturnos, lo que podría traducirse en un incremento de 281 euros en su salario mensual. Esta medida fue objeto de controversia, ya que algunos sindicatos habían planteado objeciones sobre el porcentaje de dedicación necesario.

También se aprobó un convenio para integrar a la Policía Local en el Sistema VioGén, destinado al seguimiento de casos de violencia de género; sin embargo, solo contó con el respaldo del equipo de Gobierno, ya que la oposición mostró reservas debido a la precariedad de recursos en este ámbito. El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, destacó el limitado personal disponible para brindar asistencia a las víctimas.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla (PSOE), defendió el convenio argumentando que no generaría costos para el Ayuntamiento, aunque el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega (PRC), admitió que podría ser razonable solicitar fondos al Gobierno central para cubrir dicho servicio.

En otro punto de la agenda, se discutieron varias mociones, entre las que destacó una presentada por Torrelavega Sí, pidiendo al Gobierno de Cantabria que implemente medidas que aseguren una financiación estatal justa para todas las comunidades. Este pedido fue respaldado principalmente por los grupos PP, PRC y Vox, mientras que socialistas y miembros de IU-Podemos se opusieron, argumentando que no hay trato preferente hacia Cataluña.

Esta controversia evidenció la fractura existente dentro del Gobierno local, dado que los socialistas sostienen que su partido promueve mejoras equitativas sin discriminaciones. En contraste, desde las filas regionalistas y opositoras se argumentó que ignorar el impacto en otras comunidades es tratar a los ciudadanos con desdén.

Por último, dos propuestas de Vox no lograron avanzar en la votación, una de ellas se oponía al reparto de menores migrantes no acompañados en Torrelavega, mientras que la otra surgía de una queja sobre censura en las redes sociales del Ayuntamiento. PRC-PSOE argumentó que el autor de comentarios en redes había difamado y no respetado las reglas comunicativas básicas.

Esta cuestión llevó al alcalde Javier López Estrada (PRC) a responder a las acusaciones de Vox, defendiendo la acción tomada en relación al control de comentarios y asegurando que se trata de un caso de acoso y no de un debate sobre la libertad de expresión.