Cantabria destina 3,68 millones a compensar las pérdidas de las líneas regulares de autobús

El Gobierno de Cantabria ha aprobado un decreto que declara de obligación de servicio público las líneas concesionales de transporte regular de viajeros por carretera de titularidad autonómica. La medida viene acompañada de 3,68 millones de euros en ayudas directas para compensar el déficit que genera su explotación.

La norma afecta a todas las líneas regulares gestionadas por la comunidad. Su objetivo declarado es mantener una oferta de transporte «suficiente, accesible y adecuada» en todo el territorio. Las ayudas se concederán directamente a las empresas concesionarias cuyas líneas cierren el ejercicio con balance económico negativo.

El transporte regular por carretera es un servicio que rara vez se sostiene solo con la venta de billetes en zonas rurales o de baja densidad. Cuando una línea tiene pocos viajeros, la empresa asume pérdidas que, sin apoyo público, llevarían a recortar frecuencias o a suprimir trayectos. La declaración de obligación de servicio público permite a la administración exigir que esos trayectos se mantengan, a cambio de compensar económicamente a quien los opera.

El decreto incorpora mecanismos de control, justificación y reintegro de las ayudas. También establece obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Estos elementos responden a una exigencia habitual en este tipo de subvenciones: que el dinero público se aplique al fin previsto y que la administración pueda verificar el déficit declarado por cada concesionario.

Desde el punto de vista político, la medida se inscribe en la responsabilidad que el Gobierno regional asume sobre el transporte de competencia autonómica. Garantizar la movilidad en el conjunto del territorio es uno de los ejes de la política de cohesión, especialmente relevante en municipios alejados de los núcleos urbanos, donde el autobús suele ser la única alternativa al vehículo privado.

La cuantía de 3,68 millones deberá revisarse cada ejercicio en función de los resultados económicos de las líneas. El reto para la administración será equilibrar la necesidad de mantener servicios poco rentables con el control del gasto público, y comprobar si las ayudas logran sostener una red de transporte estable a medio plazo.