En un giro significativo en la gestión de menores migrantes, el Gobierno de Cantabria, bajo la dirección del Partido Popular, ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo el decreto gubernamental que regula la redistribución de estos menores desde las regiones de Canarias, Ceuta y Melilla hacia distintas comunidades autónomas.

Este recurso fue confirmado el pasado jueves, justo cuando expiraba el plazo para su presentación. Se trata de una medida que los asesores legales del Ejecutivo cántabro decidieron tomar tras recibir autorización durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 18 de septiembre.

El recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto específicamente contra el Real Decreto 658/2025, un norma que establece directrices para la protección de menores no acompañados en situaciones excepcionales. El gobierno regional considera que este decreto podría sobrepasar las competencias asignadas al Estado, basándose en una normativa, el Real Decreto Ley 2/2025, que también está siendo cuestionada ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades, Cantabria entre ellas.

En su análisis jurídico, el Gobierno de Cantabria alerta sobre la posible inconstitucionalidad del Real Decreto, señalando que podría vulnerar varios artículos de la Constitución Española, en especial aquellos que regulan las competencias y derechos autonómicos.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, expresó su preocupación en la misma reunión del Consejo de Gobierno, calificando las medidas del decreto como un enfoque que trata a los menores como si fueran objetos en lugar de seres humanos. Argumentó que la falta de un enfoque integral en la protección y integración de estos jóvenes muestra una "imposición" por parte del Estado que no responde a las verdaderas necesidades de los afectados.

Asimismo, Gómez del Río hizo hincapié en que el procedimiento que se sigue no considera adecuadamente las infraestructuras, recursos y capacidad de acogida que tienen las comunidades autónomas, basándose en una decisión unilaterial que ignora a las realidades locales.

Adicionalmente, en otra acción legal, Cantabria ha recurrido las resoluciones de la delegada del Gobierno en Ceuta que ordenaban el traslado de dos menores a la región, sin haber consultado previamente al Ejecutivo regional, lo que pone de manifiesto una falta de coordinación en la gestión de estos casos.

Este contexto se complica aún más con la llegada del primer menor extranjero no acompañado a Cantabria, procedente de Canarias, de un total de 156 asignados por el Ministerio de Juventud a esta comunidad. De los 17 expedientes de menores remitidos por el Gobierno central, hasta el momento se han concluido cuatro, incluido el del joven que llegó esta semana.