El pasado 8 de mayo, el Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a prestar atención a las recientes resoluciones emitidas por el Parlamento Europeo respecto a la conservación del lobo. Esta declaración se produce tras la decisión del Pleno de la Eurocámara de ajustar el estatus de esta especie, que pasaría de ser "estrictamente protegida" a simplemente "protegida".

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, bajo la dirección de María Jesús Susinos, ha manifestado su esperanza de que el Gobierno español tome en cuenta estas recomendaciones europeas. Según señalaron, la situación del lobo en Cantabria es robusta, destacando incluso que se considera que hay una superpoblación, con más de 200 individuos distribuidos en 23 manadas.

Desde el Gobierno regional han subrayado que, dada esta alta densidad de lobos, han demandado la implementación de controles poblacionales para gestionar la especie adecuadamente. Con este objetivo, se reactivaron el 2 de abril pasado los planes de extracción, que contemplan la captura de 41 lobos en la comunidad. Hasta ahora, se ha informado que ya se han efectuado nueve extracciones, y hay 21 adicionales en proceso.

El Gobierno cántabro ha criticado la falta de atención del Ejecutivo central hacia las indicaciones de la UE. Asimismo, han recordado que en febrero, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, planteó las preocupaciones de los ganaderos frente a la presencia del lobo en el Comité de las Regiones de Europa.

Esta postura de la administración cántabra se ha dado a conocer justo después de que la Eurocámara aprobara la modificación de la directiva de hábitats, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones. Esta modificación busca alinear el estatus del lobo en la Unión Europea con el Convenio de Berna, y se espera que solo requiera una última validación del Consejo para entrar en vigencia.

A pesar de este cambio en el estatus, es importante señalar que el lobo seguirá siendo una especie protegida, y se mantendrán las obligaciones de los Estados miembros en términos de conservación y gestión para garantizar su estado de conservación favorable.