La sesión del Pleno del Parlamento de Cantabria este lunes fue testigo de una singular convergencia entre los partidos de oposición: PRC, PSOE y Vox. Su objetivo unificado fue el de presionar al Gobierno autonómico para que cite antes de diciembre a todas las mujeres que han necesitado pruebas complementarias tras realizarse mamografías, argumentando que estas pruebas deben realizarse sin dilación.

Con el Partido Popular marcando la única disidencia, la propuesta no de ley (PNL) presentada por el PRC recibió el respaldo de la Cámara, demandando que el Ejecutivo presente en un mes un plan de choque destinado a la detección precoz del cáncer de mama. Esta estrategia incluye una inversión de 5 millones de euros en los presupuestos de 2026 para fortalecer el programa en los hospitales públicos de la región.

El plan también contempla la designación de un coordinador, así como incentivos para médicos internos residentes en radiología, buscando garantizar un personal adecuadamente cualificado. Además, se sugiere modernizar el sistema informático de radiología y la inclusión de Inteligencia Artificial, así como extender el cribado para mujeres de 45 a 74 años, en consonancia con las recomendaciones de las autoridades europeas.

Asimismo, se exige que en un plazo de tres meses, el Gobierno remita un informe pormenorizado que detalle las medidas adoptadas, los plazos de implementación y la asignación específica de recursos para cada acción, así como la presentación de datos relevantes relacionados con el programa.

La diputada del PRC, Paula Fernández, criticó el carácter “estructural” del retraso en el programa de cribado, que afecta a casi 4.000 mujeres, y señaló que las justificaciones del PP, como la falta de relevo por jubilaciones, ya no son aceptables. En su discurso, enfatizó la carencia de planificación del Gobierno y le reprochó su actitud soberbia y la falta de autocrítica. Fernández lanzó un ultimátum a la presidenta María José Sáenz de Buruaga, advirtiéndole que la falta de un plan urgente significaría complicidad con el abandono de miles de mujeres.

Por su parte, desde Vox, Natividad Pérez también denunció los fallos en la planificación del Ejecutivo respecto al programa de cribado, calificando de “inaceptable” la situación de las casi 4.000 mujeres afectadas por los retrasos.

El portavoz socialista, Raúl Pesquera, arremetió contra el Gobierno por la privatización de la sanidad, en particular por su convenio con el Hospital Santa Clotilde, instando a que se proporcionen datos sobre los retrasos, destacando la necesidad de transparencia.

En el lado del PP, Miguel Ángel Vargas defendió la gestión del partido y pidió a la oposición que aborde el tema con seriedad. “Los cribados salvan vidas”, declaró, insistiendo en que no se debe generar incertidumbre entre la población.

El Pleno también desestimó una propuesta socialista que pedía la paralización del convenio con Santa Clotilde. Pesquera, abogando por la colaboración con el sector privado mediante un proceso competitivo, criticó al PP por una gestión ineficaz de lo público, que obliga a recurrir a lo privado. Se refirió al convenio como un “pelotazo” que implica un compromiso financiero significativo y a largo plazo.

Tanto PRC como Vox habían intentado introducir enmiendas a esta iniciativa, pero fueron rechazadas por el PSOE, lo que resultó en la abstención de PRC y el voto en contra de Vox. Ambas partes coincidieron en solicitar al Gobierno que justifique la firma del convenio.

Finalmente, Vargas contestó a los socialistas recordando que el convenio con Santa Clotilde es una práctica que la comunidad autónoma ha estado llevando a cabo desde mucho antes de su llegada, mencionando también convenios similares firmados por gobiernos del PSOE en otras comunidades autónomas.