Dos víctimas de trata laboral en un hotel de Mioño llevan el caso a la Guardia Civil de Bizkaia
Dos personas investigadas por trata laboral en un hotel de Mioño, Cantabria. Captaban a víctimas con falsas ofertas de empleo y las explotaban sin alta en la Seguridad Social.
La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a dos personas como presuntas autoras de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Las víctimas trabajaban en un establecimiento hostelero situado en las proximidades de Mioño, en Cantabria. La causa ha sido remitida al Tribunal de Instancia número 2 de Castro Urdiales.
El caso se inició en octubre de 2024, cuando la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) comunicó a los investigadores la posible existencia de una víctima de explotación laboral. Tras varias entrevistas, la persona decidió presentar denuncia. Las pesquisas revelaron después que otras personas podían haber sufrido hechos similares, algunas de ellas ya con denuncias previas presentadas en otras provincias.
Según el relato recogido por los agentes, las víctimas fueron captadas con ofertas de empleo que prometían salarios superiores a los habituales en la hostelería y la regularización de su situación administrativa. Al llegar, la realidad fue muy distinta: jornadas que podían extenderse desde las siete de la mañana hasta después de medianoche, un solo día de descanso semanal y ausencia de alta en la Seguridad Social. Algunas declararon además haber recibido escasas cantidades de dinero, muy inferiores a lo acordado.
Las denunciantes describen, asimismo, dormir en colchones instalados en el sótano del local, así como presuntas agresiones físicas, amenazas y tratos degradantes. Los investigadores tuvieron conocimiento de cámaras de videovigilancia en el interior del establecimiento que, según las declaraciones, se utilizaban para controlar sus actividades. El local fue cerrado temporalmente por un problema de salubridad y posteriormente traspasado a otra actividad.
El caso tiene implicaciones que van más allá de la investigación penal. La Fiscalía de Extranjería de Cantabria apreció indicios suficientes para sustentar la causa, lo que subraya la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad de distintas provincias y fiscalías especializadas. Además, la Guardia Civil recuerda que las personas extranjeras en situación irregular identificadas como posibles víctimas pueden acogerse a medidas de protección, entre ellas la suspensión de determinados procedimientos sancionadores durante el periodo de restablecimiento y reflexión.
Cabe señalar que los hechos aún son investigados y que las personas señaladas se presumen inocentes hasta que se dicte, en su caso, sentencia firme. El desarrollo de la causa en los juzgados de Castro Urdiales determinará si los indicios se confirman. Mientras tanto, el episodio pone el foco sobre los mecanismos de detección de la explotación laboral en el sector hostelero y sobre la necesidad de que las víctimas conozcan los cauces de denuncia y protección disponibles.