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Martes, 20 de octubre de 2026 Edición Cantabria · Red Crónica
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El Ayuntamiento de Santander no podrá adquirir las viviendas de Hermanos Calderón por motivos legales y económicos

El Ayuntamiento de Santander no puede comprar las viviendas de Hermanos Calderón por motivos legales y económicos, ante la venta a fondos de inversión.

Redacción · Crónica Cantabria 2 min de lectura

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha aclarado que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica ni legal para comprar las viviendas de Hermanos Calderón y entregarlas a las familias afectadas. La propuesta de adquisición surgió como solución ante la posible pérdida de los hogares de cerca de un centenar de familias, en un contexto de venta de los pisos a fondos de inversión.

Estas viviendas, promovidas inicialmente como alquiler asequible por InamoCaixa, fueron vendidas a Mosaic Propco, un fondo buitre, que busca ponerlas a la venta a precios de mercado. La Plataforma de Afectados solicita que el Ayuntamiento explore opciones para mantener las viviendas en alquiler social, evitando su venta a fondos especulativos.

Desde el Gobierno local, la alcaldesa ha señalado que, legalmente, no puede adquirir estas viviendas, ni tampoco utilizar fórmulas que contravengan la normativa vigente. Además, ha recordado que el proceso de asignación de viviendas municipales sigue criterios de igualdad y transparencia mediante registros y sorteos públicos.

El debate refleja las dificultades de las administraciones para frenar la expansión de fondos buitres en el mercado residencial y proteger a las familias vulnerables. La postura del Ayuntamiento se enmarca en una estrategia de cumplimiento legal y en la búsqueda de soluciones que respeten los derechos de todas las partes.

De cara al futuro, la situación pone sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos legales y políticos que faciliten la adquisición de viviendas en riesgo por parte de las administraciones públicas, en un contexto de creciente inversión privada en el mercado inmobiliario. La continuidad de las conversaciones con afectados y plataformas sociales será clave para definir próximas acciones.

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