La totalidad de los grupos parlamentarios en Cantabria, con la excepción del PSOE, ha presentado una iniciativa que exige al Gobierno español frenar la propuesta del Marco Financiero de la Unión Europea, que supondría un recorte considerable en los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC). Esta solicitud se produce en un contexto donde se plantea una reducción del 22% en la PAC y un asombroso 60% en la Política Pesquera Común (PPC), lo que genera una gran preocupación entre los representantes políticos de la región.

En una sesión reciente, el Parlamento de Cantabria aprobó de manera unánime una proposición no de ley enfocada en mejorar la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT). Esta propuesta, impulsada por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), fue enriquecida con enmiendas del Partido Popular (PP) y Vox, lo que resultó en un consenso notable entre los distintos grupos políticos.

Entre las medidas acordadas, se encuentra la creación de un "Mapa de riesgo VUT" que deberá completarse en un plazo de ocho meses. Este mapa evaluará la densidad de las VUT por cada 1.000 viviendas y considerará factores como el porcentaje de propiedades vacías y la evolución de los precios de alquiler. La iniciativa también obligará a las plataformas de alquiler a mostrar claramente el número de licencia autonómica para cada anuncio, así como a retirar de inmediato aquellos que no cuenten con la correspondiente licencia.

Además, la proposición solicita que el Gobierno regional actualice el registro de empresas turísticas, garantizando así un control más efectivo sobre los alojamientos que operan sin la debida autorización. Javier López Marcano, un destacado regionalista, ha señalado que Cantabria tiene una alta concentración de viviendas turísticas y ha criticado un decreto reciente del Ejecutivo autonómico que, según él, provoca inseguridad jurídica al transferir la responsabilidad regulatoria a los municipios.

Desde el PSOE, se ha manifestado que el nuevo decreto no satisface a ninguno de los sectores involucrados y se ha señalado que la normativa resulta impracticable al crear 102 regulaciones diferentes en cada municipio. Mario Iglesias, portavoz del PSOE, ha expresado su preocupación sobre la inclusión de las entidades jurídicas como titulares de las VUT, lo que podría permitir la entrada de grandes corporaciones y fondos de inversión que alterarían la convivencia local.

Vox, por su parte, ha criticado al Gobierno por no abordar el tema con los alcaldes y por la falta de un modelo uniforme que brinde claridad y seguridad jurídica. Armando Blanco ha señalado que la actual normativa carece de un enfoque integral y podría generar más problemas que soluciones.

Por otro lado, el diputado del PP, Alejandro Liz, ha defendido que las VUT representan solo el 2% del total de viviendas en la región y ha reafirmado el compromiso de su partido por regular estas prácticas en lugar de imponer prohibiciones, distanciándose así de políticas más intervencionistas.

En un debate paralelo, el Parlamento también aprobó otro acuerdo que pide al Gobierno de España oponerse a la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Esta propuesta ha suscitado el rechazo de los grupos regionales al considerar que afectará drásticamente a la financiación agrícola y pesquera, elementos cruciales para la economía local.

El PSOE, aunque se ha abstenido en la votación, argumentó que los recortes propuestos no son definitivos y que el nuevo marco podría facilitar más autonomía para las regiones. Sin embargo, los representantes del PP y Vox han resaltado que la responsabilidad recae en su grupo político a nivel europeo y han instado a que se escuche la voz de Cantabria en estos asuntos en lugar de trasladar la responsabilidad al Gobierno español.

Finalmente, la proposición no de ley también exige que se mantenga la PAC y la PPC como políticas autónomas, con presupuestos propios y adecuados, para asegurar que las ayudas directas sean efectivas y estén a salvo de futuros recortes.