El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al Gobierno de Cantabria por los servicios mínimos impuestos durante la huelga del metal a principios de verano de 2022.

Esta decisión se basa en una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS que rechaza el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria había fallado a favor del sindicato USO en su demanda contra los servicios mínimos impuestos por el Gobierno regional en la empresa Gomur en Solvay durante la huelga del sector del metal en junio de 2020.

El Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno cántabro por considerar que no hay interés casacional, ya que el caso es similar a un precedente previo que sí fue admitido.

De esta manera, la sentencia de los magistrados regionales se mantiene, donde se determinó que las labores de Gomur no son consideradas servicios esenciales para la comunidad, sino una tarea auxiliar de la empresa Solvay Química.

Los jueces del TSJ explicaron que aunque estas tareas beneficien a la empresa y a la comunidad al reducir riesgos, no cumplen con los criterios para ser considerados servicios esenciales.

Además, señalaron que el Gobierno no tiene la autoridad para imponer servicios mínimos en empresas como Gomur, ya que esa responsabilidad recae en el comité de huelga junto con el empresario y los trabajadores.

El sindicato USO criticó al Gobierno de Cantabria por restringir el derecho de huelga durante el conflicto en el sector del metal en 2022, y ahora celebra la decisión del Supremo que abre la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios a los trabajadores afectados.

Esta sentencia afecta especialmente a empresas cántabras reguladas por la normativa SEVESO, como Azsa, Solvay Química, Bondalti Cantabria, y otras, donde los servicios mínimos deberán ser acordados por el comité de huelga y no por el Gobierno.