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Domingo, 18 de octubre de 2026 Edición Cantabria · Red Crónica
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El TSJC confirma que el PSIR de La Pasiega no está en vigor por falta de publicación oficial

El TSJC confirma que el PSIR de La Pasiega en Piélagos no está en vigor por no publicarse íntegramente en el BOC, afectando la clasificación de fincas y el IBI.

Redacción · Crónica Cantabria 2 min de lectura

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dictaminado que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de La Pasiega, en Piélagos, no tiene validez legal. La decisión se basa en que el texto completo del plan no fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), requisito imprescindible para su entrada en vigor.

El fallo responde a un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia previa que consideraba que, tras la publicación parcial en el BOC en mayo de 2022, el PSIR podía considerarse vigente. Sin embargo, la Sala ha aclarado que la publicación íntegra en el BOC es condición sine qua non para la validez del proceso.

Este desenlace tiene implicaciones directas en la clasificación de las fincas afectadas, que continuarán siendo consideradas rústicas a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La decisión evita, por tanto, la liquidación del impuesto como urbanas, como pretendía el Ayuntamiento.

Desde una perspectiva política, el caso refleja las tensiones en torno a la planificación urbanística y la necesidad de cumplir rigurosamente los procedimientos administrativos. La oposición y algunos colectivos sociales han cuestionado la legalidad del proceso de aprobación del PSIR, que se ha visto envuelto en controversias desde su aprobación definitiva en 2022.

El fallo también pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento formal en la tramitación de planes urbanísticos. La sentencia establece un precedente que obliga a las administraciones a seguir con precisión los requisitos legales para la entrada en vigor de este tipo de proyectos.

En el contexto político actual, la resolución refuerza la prudencia en la gestión de instrumentos urbanísticos y podría influir en futuros procesos similares en Cantabria, donde la legalidad formal sigue siendo clave para evitar recursos y suspensiones.

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