En un acto significativo, jubilados y pensionistas de los sindicatos UGT y CCOO se han congregado en Santander para expresar sus demandas en favor de una política más activa y favorable hacia las personas mayores, que constituyen el 25% de la población en Cantabria.

Esta manifestación se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el 1 de octubre, lo que otorgó un contexto especial a sus peticiones.

Con alrededor de 50 asistentes, los líderes de las federaciones de jubilados y pensionistas de estos sindicatos anunciaron que están trabajando en una serie de proposiciones que presentarán al Consejo del Mayor de Cantabria, órgano establecido hace un año para abordar los desafíos que enfrenta este sector.

Las principales preocupaciones que han surgido incluyen cuestiones de dependencia, el acceso y calidad de la sanidad, el edadismo y las complicaciones derivadas de las relaciones intergeneracionales.

Juan Carlos Saavedra y José Antonio Sánchez, líderes de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y la Federación de Pensionistas de CCOO, respectivamente, pudieron expresar sus inquietudes al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien se sumó a la concentración.

Sánchez destacó la necesidad de que sus demandas sean escuchadas tanto en el Parlamento de Cantabria como en el nacional, enfatizando que no es aceptable que, representando un cuarto de la población, no cuenten con representación política efectiva.

Saavedra, por su parte, alertó que más del 18% de los jubilados en Cantabria viven al borde de la pobreza y subrayó la considerable brecha de género que existe en las pensiones, estimada en 400 euros entre hombres y mujeres.

Asimismo, añadió que las dificultades económicas no son el único obstáculo que enfrentan los mayores. Exigieron mayor inversión pública en servicios de dependencia, denunciando que muchos ancianos siguen esperando atención en residencias.

En relación a esto, señalaron que Cantabria está por debajo de la proporción recomendada de plazas residenciales, con solo 4,7 por cada 100 habitantes mayores de 65 años, en comparación con otras comunidades como Castilla y León y Asturias, lo que pone de manifiesto, a su juicio, la falta de compromiso del Gobierno regional priista.

Además, hicieron hincapié en el problema de la soledad no deseada entre los mayores, especialmente en las áreas rurales, donde el acceso a servicios es notablemente limitado.

Finalmente, los representantes sindicales también condenaron cualquier discurso racista que tenga como objetivo deslegitimar a los cuidadores, en su mayoría extranjeros, que brindan amor y atención a las personas mayores.