El Parlamento de Cantabria ha tomado un giro significativo este lunes al aprobar, en el primer Pleno de su periodo de sesiones, una moción que solicita al Gobierno regional, encabezado por el Partido Popular, que inicie a la mayor brevedad posible la demolición de la Residencia Cantabria.

La propuesta, impulsada por el grupo parlamentario del PSOE y respaldada por una enmienda del PRC, recibió el apoyo unánime de la oposición, que incluye al PRC, PSOE y Vox, mientras que el PP y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, mostraron su desacuerdo.

La moción no solo demanda que se inicien los trabajos de demolición del edificio, sino que también exige medidas para reubicar a los empleados del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y del IDIVAL, y que se defina el lugar de almacenamiento de residuos de amianto en Cantabria.

Raúl Pesquera, diputado socialista, criticó al Gobierno por no cumplir con su promesa de que la demolición de la Residencia Cantabria se efectúe durante el verano, señalando que hasta el momento no hay información sobre el futuro Parque Científico y Tecnológico de la Salud que se planea en esos terrenos.

Pesquera también instó a la administración a proporcionar más transparencia en torno al grupo de expertos anunciado por el consejero de Salud, César Pascual. La creación de una fundación privada para la gestión de este proyecto fue calificada por él como una posible maniobra especulativa.

Respecto a la remoción de amianto, el diputado socialista hizo hincapié en la necesidad de cumplir con la normativa medioambiental y de seguridad para proteger a la población de eventuales riesgos.

Paula Fernández, del PRC, también se unió a las críticas, describiendo la falta de información y claridad del Gobierno como alarmante, y sugiriendo que este proyecto, considerado por muchos como fundamental, corre el riesgo de quedar en el olvido si no se actúa de inmediato.

Natividad Pérez, diputada de Vox, subrayó que esta moción representa una advertencia necesaria al Gobierno para que asuma sus responsabilidades, sintetizando que se requiere acción frente a la inacción y una respuesta efectiva para un proyecto tan crucial para el futuro de la región.

Desde la bancada del PP, Miguel Ángel Vargas acusó a los otros grupos de hacer una montaña de un grano de arena, describiendo la moción comom “humo” que desvirtúa temas realmente importantes, como la planificación de recursos sanitarios que el Gobierno está llevando a cabo, y criticando que estas agrupaciones nunca se preocuparon por ello.

Vargas afirmó que el plan para la demolición está ya en ejecución y aseguró que, además, se procederá rápidamente a la remodelación de un edificio alquilado, que permitirá la reubicación de los empleados del SCS, al tiempo que sostuvo que no es necesario reubicar a los trabajadores del IDIVAL.

Por último, el diputado popular cargó contra los otros partidos, acusándolos de haber hostigado durante el verano al Gobierno en torno a la información del centro de amianto en Castañeda, generando así un clima de miedo e inseguridad en la población sobre un proyecto que, según él, es sumamente seguro.