Pisos turísticos no regularizados deben ser cerrados, advierten hosteleros: "Afectan a los negocios legales

En una reciente controversia que ha sacudido al sector turístico de Cantabria, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) ha manifestado su enérgico desacuerdo con una reciente directiva emitida por el Gobierno autonómico. Esta directiva, que fue dada a conocer el pasado viernes, amplía el tiempo permitido para que ciertas viviendas destinadas al turismo completen su proceso de regularización, a pesar de que el plazo original expiró el 25 de marzo.

La AEHC ha calificado esta decisión de "vacía de contenido", argumentando que crea una "grande distorsión" que desfavorece a aquellos empresarios que han cumplido con la normativa frente a quienes han eludido sus responsabilidades. En consecuencia, los abogados de la asociación están evaluando el nuevo documento y no descartan la posibilidad de tomar acciones legales para salvaguardar los intereses del sector y asegurar la equidad en las condiciones de operación.

Eduardo Lamadrid, presidente de la AEHC, expresó su frustración al afirmar que el objetivo inicial era claro: "quien no cumpla, no puede seguir operando". Sin embargo, lamentó que la nueva instrucción contradice este principio, favoreciendo a aquellos que no han cumplido con la normativa.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha defendido que esta medida tiene como fin mostrar comprensión hacia aquellos propietarios que, a pesar de haber intentado regularizar sus propiedades, no pudieron hacerlo dentro del tiempo estipulado debido a demoras administrativas.

María José Sáenz de Buruaga, presidenta regional, salió al paso a las críticas y aclaró que la acción no debe interpretarse como una moratoria, sino como un apoyo a quienes se han encontrado en situaciones complicadas para regularizar sus viviendas, lejos de ser una "barra libre" para el incumplimiento.

La polémica surge a raíz de la publicación de esta instrucción en el Boletín Oficial de Cantabria, justo cuando se acercaba el final del plazo para adaptar las Viviendas de Uso Turístico (VUT) al nuevo marco normativo. La normativa establece que, aunque el plazo haya concluido, la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas no será cancelada si el propietario ha solicitado, antes de la fecha límite, el informe municipal de compatibilidad urbanística que aún está pendiente.

La AEHC ha mencionado que esta disposición introduce lo que ellos consideran una moratoria que permitirá que muchos alojamientos continúen operando sin la correspondiente resolución municipal, alterando así las "reglas del juego" y afectando la competencia en el sector. "Se está premiando al incumplidor y castigando al que ha hecho el esfuerzo de adaptarse", añaden contundentemente.

Los hosteleros han advertido sobre las implicaciones de esta instrucción, señalando que ya se ha observado un "efecto llamada" en los días recientes, con un incremento en las solicitudes de VUT por parte de quienes son conscientes de que no cumplirán los requisitos establecidos.

Además, critican la "falta de claridad" respecto al tiempo que podrán seguir operando aquellas viviendas que todavía no han completado su documentación. Alertan que, sin respuestas de los ayuntamientos o resoluciones rápidas, estas propiedades pueden seguir ofreciendo sus servicios turísticos sin un marco temporal definido, lo que podría profundizar en la inseguridad jurídica del sector.

Otro de los puntos de discordia es la evidente "falta de diálogo" antes de la implementación de la directiva. Lamadrid subrayó que resulta sorprendente enterarse de este cambio a través del Boletín Oficial, sin ninguna comunicación previa, considerando que su asociación es la más representativa en la región.

Finalmente, el presidente de la AEHC insistió en la importancia de fortalecer las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, recordando que todavía se espera la incorporación de nuevos inspectores, como había prometido el Ejecutivo regional.