Los socialistas han alertado sobre la incertidumbre de la empresa que adquirirá los terrenos en Loredo y si, en lugar de la "Ibiza del norte", optará por convertirlo en la "Magaluf del sur".
SANTANDER, 21 May.
El PSOE se ha quedado solo en el Pleno del Parlamento al defender una iniciativa en contra del proyecto de un macrocomplejo turístico en Loredo, propuesto por la empresa AB Capital. Pedían instar al Gobierno de Cantabria y a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) a respetar la protección de las playas y cumplir con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ribamontán al Mar.
El PP, PRC y Vox han rechazado la propuesta argumentando que se basa en un proyecto que no se llevará a cabo, ya que no cumple con las normativas urbanísticas actuales ni con el PGOU del municipio.
El PSOE presentó esta proposición no de ley (PNL) después de participar en una manifestación contra el proyecto en Loredo, a la que asistieron alrededor de 3.000 personas. Según los socialistas, esta protesta refleja la preocupación de los ciudadanos por el incumplimiento de las leyes en décadas pasadas.
El Gobierno cántabro (PP), a través del consejero de Fomento, Roberto Media, mencionó que la empresa que planeaba convertir a Cantabria en la "Ibiza del norte" con el macrocomplejo no ha logrado adquirir los terrenos. Sin embargo, los socialistas han señalado que todavía no se sabe quién ha comprado dichos terrenos.
La diputada Norak Cruz, encargada de defender la PNL, planteó la posibilidad de que la empresa que ha adquirido los terrenos intente construir el "Magaluf del sur". Su objetivo era promover un modelo de desarrollo turístico sostenible que respete el entorno natural y paisajístico.
Por otro lado, el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Esta iniciativa fue impulsada por el PP y ya se había debatido en la Cámara regional en 2019.
En cuanto a una propuesta del Grupo Regionalista para incluir una asignatura obligatoria de medicina familiar y comunitaria en el plan de estudios de Medicina de la Universidad de Cantabria, fue rechazada. Los regionalistas defendieron la propuesta alegando la falta de profesionales en Atención Primaria y la necesidad de incentivar esta especialidad entre los estudiantes, pero no recibió apoyo de los demás grupos parlamentarios.
Vox expresó que la propuesta socava la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, mientras que el PP consideró que estaba desfasada debido a decisiones recientes tomadas por la Facultad de Medicina. Los socialistas se abstuvieron y destacaron que la universidad debería tomar decisiones sobre este tema en lugar del Parlamento.
Los regionalistas lamentaron la falta de un informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Acreditación (ANECA) y expresaron su deseo de colaborar estrechamente con la universidad en este asunto.
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