En el último enfrentamiento entre los socialistas y el Gobierno de Cantabria liderado por María José Sáenz de Buruaga, el PSOE ha lanzado duras críticas, acusando a la administración regional de poner en riesgo a los profesores por su inestabilidad política.

Ainoa Quiñones, portavoz del PSOE en la comunidad, expresó su indignación tras la reunión entre el consejero de Educación, Sergio Silva, y la Junta de Personal Docente. Esta cita, que abordó la reclamación de un aumento salarial por parte de los sindicatos, concluyó sin un acuerdo, lo que se traduce en la continuidad de la huelga que se había convocado al comenzar el nuevo curso escolar.

El incumplimiento del acuerdo se debe a la propuesta de Silva de que cualquier mejora salarial esté vinculada a la viabilidad de las cuentas públicas de 2026, lo que el PSOE califica de "chantaje" hacia los educadores. Quiñones considera que esta postura refleja el temor del Partido Popular a no poder aprobar los presupuestos regionales.

Históricamente, el PP ha contado con el apoyo del PRC para la aprobación de los presupuestos en años anteriores, pero con miras al próximo ejercicio, este apoyo está condicionado a mejoras en las nóminas del profesorado.

Quiñones subrayó que el PP está mostrando su vulnerabilidad, dado el riesgo de que el PRC retire su respaldo y que deban ceder ante las exigencias de la extrema derecha de VOX para conseguir la aprobación de los presupuestos. Este escenario, según la portavoz, revela una vez más la estrategia del PP ante la incertidumbre política.

La representante del PSOE ha calificado de "inadmisible" la condición impuesta por el Gobierno que afecta a las negociaciones salariales de la Junta de Personal Docente, considerando que el acuerdo está siendo condicionado a intereses políticos en lugar de centrarse en las necesidades de los docentes.

Verónica Samperio, secretaria de Educación del PSOE, ha intervenido en esta controversia, señalando que el Partido Popular está usando a los educadores de Cantabria como herramientas para alcanzar sus objetivos políticos. Para ella, la cláusula establecida por el Gobierno no es más que un "chantaje directo" y ha instado a los docentes a unirse a la huelga para defender la educación y los derechos de la comunidad educativa. “Con el bienestar de las personas no se juega”, afirmó contundentemente.

Además, Quiñones hizo un llamado a todos los ciudadanos para que apoyen la huelga, señalando que los derechos laborales y fundamentales de los docentes no deben ser negociados ni utilizados como moneda de cambio por parte de la administración en su lucha política.