Retraso en la aprobación del decreto de FP en Cantabria hasta febrero

El decreto que regula la ordenación de la Formación Profesional en Cantabria se retrasará entre uno y dos meses. Originalmente previsto para concluir antes de fin de año, su aprobación está ahora prevista para febrero de 2024. La decisión se debe a la necesidad de volver a someter el texto a información pública tras realizar adaptaciones a la normativa estatal.

Este retraso responde a cambios en el borrador del Real Decreto vinculado a los centros educativos de FP, que han obligado a la Consejería de Educación a consultar nuevamente a los interesados. La modificación busca garantizar mayor seguridad jurídica en el proceso, en un contexto de tensiones políticas por la gestión educativa autonómica y la relación con el Gobierno central.

El consejero Sergio Silva ha criticado la política del Estado, que aprueba normativas sin consultar previamente a las comunidades autónomas. La reciente polémica incluye decisiones sobre ratios y ahora la ordenación de la FP. La comunidad autónoma espera que estas decisiones se coordinen mejor en el futuro para evitar retrasos y desconexiones.

En paralelo, Cantabria avanza en la actualización de los currículos de FP, cuya aplicación está prevista para el próximo curso. Silva ha destacado que la oferta educativa estará lista antes del inicio del año académico, subrayando la necesidad de tener los títulos aprobados antes de impartirlos, para garantizar calidad y coherencia en la formación.

El proyecto de decreto afecta a diversos grados y modalidades, incluyendo certificaciones y centros de segunda oportunidad. La nueva fase de consulta pública busca fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en la regulación del sistema de FP en la región. La comunidad autónoma insiste en la importancia de gestionar estos procesos con mayor coordinación con el Estado.

De cara al futuro, el retraso refleja la necesidad de mejorar la comunicación y la colaboración entre las administraciones autonómica y estatal. La región continúa defendiendo un modelo de gestión que respete su autonomía y la participación de los actores educativos, en un contexto donde la normativa estatal influye cada vez más en la política educativa regional.