Santander estudia recurrir la declaración de Lugar de Memoria Democrática de La Magdalena

El Ayuntamiento de Santander valora recurrir la resolución que declara Lugar de Memoria Democrática el antiguo campo de concentración de La Magdalena, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo confirmó este martes la alcaldesa, Gema Igual, tras la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que entró en vigor el lunes 26 de octubre.

La declaración afecta a las antiguas Caballerizas del Palacio de La Magdalena, edificio que hoy funciona como residencia de estudiantes. Según la alcaldesa, el consistorio aún no ha recibido notificación formal de la resolución ni los informes que, según le trasladaron, se habían solicitado a las universidades para fundamentar la medida.

La resolución abre dos vías de impugnación. El Ayuntamiento, que ya se opuso a la declaración durante la tramitación, puede presentar un recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes desde su publicación. También puede acudir directamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ya que la resolución agota la vía administrativa.

Igual sostiene que el uso actual del edificio, al que acceden personas de «todas las ideologías», debe mantenerse, y considera que reabrir el debate sobre el pasado no aporta beneficios a la convivencia. Además, cuestiona la Ley de Memoria Democrática, a la que atribuye un carácter divisivo, y critica el momento elegido por el Gobierno central para impulsar estas declaraciones.

Qué hay detrás de la controversia: el caso ilustra la tensión entre la política de memoria histórica promovida desde el Ejecutivo estatal y la gestión local de espacios con un uso consolidado. Las declaraciones de Lugar de Memoria Democrática implican obligaciones de señalización, difusión y preservación, lo que obliga a los ayuntamientos a coordinar competencias y usos del suelo y de los edificios.

La perspectiva inmediata pasa por la notificación formal del acuerdo y la decisión jurídica del consistorio sobre el recurso. En un contexto preelectoral, el asunto probablemente seguirá presente en el debate político regional, con posiciones enfrentadas sobre cómo equilibrar la memoria de la represión franquista con la funcionalidad actual de un espacio público.