Siete detenidos en Camargo por tráfico de drogas, armas y blanqueo de diez millones

Siete personas han sido detenidas en Cantabria tras desarticularse una red de tráfico de drogas que operaba desde Camargo. Entre los detenidos figura un abogado de la región, acusado de participar en el blanqueo de capitales. Las fuerzas de seguridad intervinieron cocaína, hachís, marihuana, armas de fuego y 12.850 euros en efectivo.

La investigación fue llevada a cabo por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional. Comenzó en mayo de 2026, cuando los agentes recibieron información sobre un vecino del municipio que vendía droga tanto a consumidores como a otros distribuidores. Los investigadores comprobaron que el nivel de vida del sospechoso no guardaba relación con sus ingresos declarados.

Qué hay detrás de un entramado que combinaba narcotráfico y finanzas. Según la investigación, la esposa del principal implicado también participaba en la distribución y en el blanqueo. Además, se identificó a otro individuo con un papel de decisión equivalente al del investigado principal y a dos hombres con funciones de menor rango.

El dispositivo policial se ejecutó el 21 de octubre, con autorización judicial, en un domicilio y en una nave industrial de la familia, ambos en Camargo. En la operación se incautaron una escopeta de calibre 12 que había sido sustraída en Guipúzcoa en 2022 y con modificaciones ilícitas, además de varias armas blancas y equipos de minería de criptomonedas. El principal investigado ingresó en prisión; el resto quedó en libertad tras declarar o pasó a disposición judicial.

Por qué resulta relevante el papel atribuido al abogado. Según los investigadores, habría colaborado de forma activa en la creación de una red de empresas y fundaciones destinada a introducir en España unos diez millones de euros de origen ilícito. Este tipo de estructuras pone a prueba los mecanismos de control sobre profesionales con acceso a operaciones societarias y financieras.

Qué significa este caso para la lucha contra la criminalidad económica en la región. La coordinación entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional muestra la importancia de vincular el seguimiento del tráfico de drogas con el análisis patrimonial. La investigación sigue abierta y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades de cada uno de los implicados.