Un acusado niega en juicio que la droga hallada en un piso tutelado de Cantabria fuera suya
Un acusado niega tener droga hallada en una caja fuerte de un piso supervisado de Cantabria. La Fiscalía pide dos años de prisión.
El acusado de guardar droga en una caja fuerte hallada en un piso tutelado de Cantabria niega los hechos y atribuye la sustancia a un compañero de vivienda. El juicio se celebró este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria y ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía pide dos años de prisión por un delito contra la salud pública, mientras que la defensa reclama la libre absolución y la nulidad de las pruebas.
El procesado sostiene que vendió la caja fuerte a otro residente, con quien mantenía una relación deteriorada, y que conservó una de las llaves. Según su versión, el ambiente de la vivienda era «turbio» y por ella pasaban personas que no eran usuarias del recurso. Afirma que, ante sus sospechas, abrió la caja y alertó a la supervisora, al tutor del implicado y a los servicios de emergencias. Reconoce que fue consumidor y que, en esas fechas, seguía tratamiento psicológico.
La supervisora del piso confirma la existencia de un clima de tensión y admite que había personas ajenas al programa. Sin embargo, matiza un punto relevante: se trata de una vivienda supervisada, no tutelada, una diferencia que la defensa ha utilizado para cuestionar el marco de control del centro. La testigo declaró que abrió la caja con la llave facilitada por el acusado y que, al intuir la naturaleza de su contenido, la trasladó a la Policía Local.
El agente que instruyó el atestado describió bolsas de cocaína y numerosas pastillas en botes pequeños. Preguntado por una posible manipulación, afirmó que no lo parecía. La defensa, en cambio, cuestiona la cadena de custodia y lamenta que no se practicaran diligencias como la toma de huellas o la identificación del resto de residentes. Son argumentos técnicos que pueden resultar determinantes para la valoración judicial de la prueba.
Más allá del caso concreto, el procedimiento pone el foco en la gestión de los recursos de atención a personas con problemas de adicción y salud mental en la región. La distinción entre piso tutelado y vivienda supervisada no es menor: implica niveles distintos de vigilancia, personal y obligaciones. Las dudas sobre el control de accesos y la presencia de personas externas plantean interrogantes sobre la capacidad real de supervisión de este tipo de dispositivos.
La sentencia determinará si la acusación logra desvirtuar la presunción de inocencia y si la impugnación de la cadena de custodia prospera. Con independencia del desenlace, el caso podría impulsar revisiones sobre protocolos de seguridad y seguimiento en viviendas de apoyo social, un ámbito en el que la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y policiales resulta clave.