Un padre y su hijo, juzgados por estafar 17.200 euros con una vivienda que nunca se construyó
Padre e hijo se enfrentan a tres años de prisión por cobrar 17.200 € por una casa prefabricada nunca construida. Juicio en la Audiencia de Cantabria.
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, 28 de octubre, a un padre y a su hijo por un presunto delito de estafa. La Fiscalía les acusa de cobrar 17.200 euros por la construcción de una vivienda prefabricada que nunca llegó a levantarse. La vista oral comenzará a las 9.30 horas en la Sección Primera.
El caso se remonta a la publicidad de una empresa dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares, promocionada a través de internet. Según el escrito de acusación, ambos procesados firmaron con los perjudicados un contrato «llave en mano» por 154.800 euros. Los compradores entregaron como anticipo 17.200 euros, pero la obra nunca se ejecutó y el dinero no ha sido devuelto.
La Fiscalía sostiene que los acusados actuaron de común acuerdo y que, según su tesis, sabían que la empresa carecía de infraestructura y personal para cumplir lo pactado. Por ello, el ministerio público considera que su único propósito era apropiarse del anticipo. Solicita para cada uno tres años de prisión, una multa de 8.640 euros y una indemnización conjunta por el importe no devuelto.
La defensa rechaza esa lectura. Sostiene que sus clientes siempre tuvieron voluntad de cumplir y que el conflicto es un incumplimiento contractual de naturaleza civil. En su opinión, lo procedente sería la restitución de las prestaciones y las indemnizaciones correspondientes, no una condena penal. La frontera entre el incumplimiento civil y el engaño penal es precisamente el núcleo de la discusión que deberá resolver el tribunal.
Más allá del caso concreto, el procedimiento pone el foco en un problema recurrente: los anticipos pagados por viviendas o reformas que no llegan a ejecutarse. Este tipo de operaciones suele afectar a particulares que confían en la solvencia de las empresas, sobre todo cuando la promoción se difunde en internet sin garantías suficientes. Los expertos en consumo recuerdan la importancia de verificar la solvencia de los contratistas y de exigir avales antes de desembolsar cantidades significativas.
El juicio permitirá aclarar si existió engaño desde el inicio o si se trató de una empresa que no pudo cumplir sus compromisos. Su desenlace servirá de referencia sobre cómo distinguir la mala gestión empresarial de la estafa, un debate que sigue abierto en los tribunales españoles.