Una vivienda de alquiler social en Orejo es ocupada ilegalmente, retrasando desalojos

Una de las tres viviendas de alquiler asequible construidas por Gesvicán en Orejo ha sido ocupada ilegalmente. La ocupación ocurrió el jueves y, a pesar de la denuncia presentada, el proceso de desalojo puede prolongarse por varios meses.

Estas viviendas, financiadas por la comunidad autónoma con una inversión de 265.000 euros, estaban próximas a ser sorteadas para facilitar el acceso a familias en situación de vulnerabilidad. La ocupación impide que estas unidades se pongan a disposición de los solicitantes inscritos, que suman 95 personas en lista de espera.

La respuesta institucional ha sido limitada, ya que tanto el alcalde socialista Pedro Pérez Ferradas como el delegado del Gobierno, Pedro Casares, han señalado que las Fuerzas de Seguridad no pueden actuar sin delito flagrante. La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, limita las acciones policiales en estos casos, generando retrasos en los desalojos.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha criticado la ley y ha solicitado su derogación, argumentando que favorece la inseguridad jurídica y perjudica a propietarios y a quienes buscan vivienda asequible. La situación refleja las dificultades para gestionar ocupaciones en un marco legal que prioriza la protección del infractor.

Este incidente evidencia las tensiones existentes entre la legislación vigente y la necesidad de garantizar derechos de propiedad y acceso a viviendas sociales. La crisis de vivienda en Cantabria y en toda España continúa siendo un tema de debate político, con propuestas de reforma legal en marcha.

El futuro del parque de viviendas sociales en la región dependerá de cambios en la normativa y de la capacidad de las administraciones para actuar con mayor celeridad. La ocupación en Orejo pone en evidencia la urgencia de definir un marco legal que proteja derechos y facilite soluciones rápidas en estos casos.