Villaverde de Pontones se moviliza contra el PSIR del Olucas Surf Center

Miles de personas, según la organización, se manifestaron este sábado en Villaverde de Pontones para pedir la paralización del PSIR 'Olucas Surf Center', un proyecto turístico que el Gobierno regional pretende declarar de interés general. La convocatoria fue impulsada por Cantabristas, que la presenta como un punto de inflexión en el debate sobre el modelo de desarrollo de la comarca.

El proyecto contempla una piscina de olas artificiales y un macrocomplejo turístico en la localidad. Su tramitación se ha convertido en un foco de tensión entre la administración autonómica y parte de la población local, que ya había expresado su rechazo días antes de la marcha.

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, sostiene que no puede hablarse de interés general cuando existe un rechazo generalizado. Según su planteamiento, la declaración que prepara el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, a través del consejero de Fomento, Roberto Media, carecería de legitimidad social. Lobete también cuestiona la necesidad de este tipo de infraestructuras y advierte del riesgo de masificación turística.

Un elemento relevante es el cambio de postura del Ayuntamiento, que según los convocantes se sumó a la oposición tras la movilización vecinal. La Asociación de Afectados por el PSIR, que participa en la organización de las protestas, habla de una lucha contra la especulación sobre el suelo y anuncia que continuará por vías legales, sociales e institucionales.

La concentración contó con la presencia de la candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, y del candidato de IU, Israel Ruiz, así como de miembros del PSOE. Su secretario general, Pedro Casares, no asistió por el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El caso se produce en plena precampaña y pone a prueba la relación entre desarrollo turístico, planificación territorial y participación ciudadana en Cantabria. La resolución de la declaración de interés general y las posibles vías judiciales determinarán si la protesta frena el proyecto o se convierte en un nuevo episodio de conflicto entre administración y vecindario.