En Santander, el sindicato ANPE Cantabria ha presentado una demanda a la Consejería de Educación para garantizar el respaldo legal de los docentes ante la facultad de requisar móviles, contemplada en la normativa educativa.
La presidenta de ANPE, Rus Trueba, ha expuesto esta petición durante una rueda de prensa en la que ha analizado los desafíos que enfrenta la educación pública en la región en el inicio del curso escolar 2024-2025.
Uno de los principales problemas mencionados es la prohibición del uso de dispositivos electrónicos en los centros de Educación Infantil y Primaria, así como la recomendación de evitar su uso en etapas posteriores.
El sindicato ha mostrado su apoyo a esta regulación, largamente solicitada, pero ha instado a la Consejería a proteger a los profesores ante posibles complicaciones que puedan surgir.
Por lo tanto, han solicitado protocolos claros de requisas y custodia para evitar problemas legales ya que, de acuerdo a Trueba, se tratan de dispositivos de alto valor económico.
La presidenta de ANPE puso como ejemplo qué sucedería en caso de que un dispositivo se dañe o desaparezca, o si un estudiante se niega a entregarlo.
"Es necesario dejar claro dónde llevarlo, quién lo custodiará, y qué hacer en caso de una denuncia por parte de la familia", expresó.
Hasta ahora, estos protocolos eran establecidos por los centros, sin embargo, el objetivo es evitar que un docente pueda ser denunciado por implementar una norma y un protocolo.
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