El 3 de abril, Santander anunció una decisión importante por parte del Consejo de Gobierno de Cantabria, que ha decidido acudir al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el reciente Real Decreto que regula el reparto de menores migrantes. Esta medida es vista como una intromisión en las competencias que corresponden a la comunidad autónoma.

Esto se refiere específicamente al Real Decreto-ley 2/2025, promulgado el 18 de marzo, que establece acciones urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias.

Las autoridades en Cantabria han manifestado que este decreto, que modifica la normativa sobre extranjería y detalla cómo se deben repartir los menores migrantes, no respeta las competencias autonómicas en el ámbito de asistencia social y protección de menores, tal como se estipula en el artículo 24 de su Estatuto de Autonomía.

El plazo para presentar este recurso es hasta el 19 de junio de 2025, lo que establece un tiempo crítico para las gestiones legales por parte del Gobierno regional.

Este lunes 31 de marzo, Cantabria también ha proporcionado al Ministerio de Juventud e Infancia la información solicitada sobre su capacidad para acoger menores, aunque ha enfatizado que el Real Decreto que ha elaborado el Gobierno central es, a su juicio, "manifiestamente inconstitucional", y por ello se contemplan acciones legales.

En cuanto a la situación específica en Cantabria, se dispone de 220 plazas para menores, de las cuales 36 están reservadas para menores no acompañados extranjeros. Actualmente, 22 de estas plazas están ocupadas, quedando 14 disponibles. Sin embargo, la Consejería de Inclusión Social advirtió que estos datos son "extremadamente volátiles" y pueden cambiar con frecuencia.

Durante el año 2024, Cantabria ha recibido a 41 menores migrantes, resaltando que, aunque el número de plazas es limitado a 36, no todos permanecen en acogida durante todo el año.

La consejera ha confirmado que Cantabria se adecúa a la normativa vigente, pero también está decidida a ejercer "mecanismos de defensa jurídica" en respuesta al Real Decreto-ley 2/2025, que ha generado controversia y desencadenado esta acción legal.