Cantabria flexibiliza requisitos para rehabilitación y cambio de uso de viviendas protegidas
Cantabria actualiza su normativa para rehabilitación y cambio de uso en viviendas protegidas, promoviendo proyectos más accesibles y sostenibles.
El Gobierno de Cantabria ha iniciado la tramitación de un nuevo decreto que facilitará la rehabilitación y el cambio de uso de viviendas protegidas, permitiendo superficies mínimas menores y reduciendo cargas burocráticas. La iniciativa busca actualizar una normativa vigente desde 2007, adaptándola a los avances técnicos y las necesidades actuales del mercado inmobiliario.
La normativa original, aprobada en un contexto normativo muy diferente, ha quedado desfasada frente a los avances en edificación, accesibilidad y eficiencia energética. La nueva regulación elimina prescripciones técnicas duplicadas y simplifica los procedimientos, en línea con las reformas similares en vivienda libre aprobadas en 2024.
El cambio normativo busca potenciar la rehabilitación del parque inmobiliario existente, especialmente en zonas urbanas consolidadas con escaso suelo disponible. Se permite reducir las superficies mínimas de vivienda en actuaciones de cambio de uso y rehabilitación, facilitando así la incorporación de inmuebles en desuso al mercado de vivienda protegida.
Desde el Ejecutivo autonómico, se subraya que esta medida promoverá una oferta más moderna, eficiente y adaptada a las necesidades de accesibilidad y sostenibilidad. La regulación también busca garantizar calidad en las viviendas, manteniendo estándares adecuados en nuevos desarrollos y en rehabilitaciones.
El proyecto de decreto está abierto a alegaciones y sugerencias durante diez días hábiles, buscando el consenso con colegios profesionales, ayuntamientos y sectores implicados. La intención es crear un marco regulador más sencillo, seguro y efectivo, que impulse la promoción de viviendas protegidas y la recuperación del parque edificado.
Este proceso de modernización responde a una estrategia política más amplia de adaptación normativa en materia de vivienda, priorizando la rehabilitación y el uso eficiente del suelo. Se proyecta que estas medidas puedan incrementar la oferta de vivienda protegida en un escenario de demanda creciente y limitaciones de espacio en las áreas urbanas.