La consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha reiterado su petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que se garantice “información, colaboración y lealtad institucional” en lo que respecta al manejo de los menores migrantes que llegan solos a España. Este llamado se realiza en un contexto donde se debate la distribución de estos menores entre las diferentes comunidades autónomas.

Desde el Gobierno liderado por el Partido Popular en Cantabria, se asegura que la región está dispuesta a asumir su responsabilidad y acoger a menores no acompañados, siempre que se cuente con los recursos financieros necesarios hasta su emancipación. De no obtener estos fondos, advierten que se podría generar una situación de “insolidaridad y desigualdad” en el tratamiento de estos menores, enfatizó la consejera al ser interrogada por la prensa.

El partido de Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en criticar al Ejecutivo de Sánchez, acusándolo de “mercadear” con los menores migrantes. Ante esta situación, el PP ha dejado claro que no aceptará la acogida de estos niños sin la debida garantía de financiación por parte del Gobierno central.

En este sentido, la consejera, que también se encarga de las áreas de Juventud, Familias e Igualdad, ha exigido recursos adecuados para atender a los menores que se acojan en Cantabria. Además, ha destacado la necesidad de abordar la problemática “en el origen”, mencionando la urgencia de actuar contra las mafias que utilizan a estos menores como simples bienes de intercambio.

Gómez del Río también ha subrayado la importancia de recibir información clara y precisa, denunciando que durante la reciente Conferencia Sectorial de Inmigración apenas tuvieron acceso a detalles sobre un decreto ley que se presentará al Consejo de Ministros. Según sus palabras, tuvieron que informarse a través de los medios de comunicación sobre cuestiones que conciernen directamente a su comunidad.

La consejera hizo referencia a las propuestas anteriores, que consideró “inconstitucionales”, y anunció que se llevará a cabo un análisis jurídico del nuevo contenido para defender sus derechos ante los tribunales. Además, considera que el acuerdo establecido con el partido Junts infringe las competencias autonómicas, lo que tiene a la comunidad en alerta en espera de más información para preparar su posible defensa.

Por último, al ser cuestionada sobre el fondo extraordinario de 100 millones de euros que se destinará en 2025 desde el Ministerio de Juventud e Infancia, Gómez del Río opinó que esa cantidad es “claramente insuficiente”. Según ella, la protección y el cuidado de estos menores abarca mucho más que simplemente ofrecer un lugar donde quedarse; se requiere garantizar educación, atención sanitaria y medidas de inclusión adecuadas para su bienestar integral.