Comité de crisis de Irán se congrega para considerar medidas imprescindibles.

SANTANDER, 30 Mar.

Esta mañana se llevó a cabo la segunda reunión del comité de coordinación de la crisis de Irán en Cantabria, con el objetivo de evaluar el impacto del conflicto en la economía de la región. En esta sesión se discutieron las medidas incluidas en el reciente Decreto Ley aprobado por el Gobierno español y se plantearon la creación de mesas de trabajo para cada sector económico, además de la posibilidad de implementar nuevas acciones en caso de ser necesario.

Eduardo Arasti, consejero de Industria y representante del Partido Popular, explicó que el Ejecutivo autonómico busca ir “más allá” de las soluciones ya adoptadas, ya que la situación del conflicto se presenta cada vez más incierta y sus consecuencias podrían convertirse en problemas estructurales para la economía regional.

Arasti subrayó la necesidad de estar preparados para complementar las medidas actuales, las cuales considera que se han quedado cortas e insuficientes. Aseguró que se intentará mejorar las decisiones existentes y añadir nuevas propuestas para afrontar la crisis de manera efectiva.

En este contexto, el Gobierno de Cantabria exigirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez la suspensión de la regla de gasto y la revisión de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. También se solicitará un marco general a nivel europeo para ofrecer compensaciones a las empresas afectadas por el aumento de los precios de los combustibles.

El consejero también hizo hincapié en la necesidad de habilitar revisiones de precios en los contratos públicos, dado que los sectores de la construcción y la obra pública ya están demandando estas medidas debido al aumento de costos.

“Este es el camino que vamos a seguir”, afirmó Arasti, al tiempo que dejó claro que no requiere que otros grupos políticos le sugieran acciones, ya que su gobierno sabe qué hacer y con quién colaborar: “con el tejido productivo de Cantabria”.

Resaltó que el Gobierno cuenta con los recursos necesarios para implementar estas acciones, haciendo referencia al presupuesto para 2026, que se espera sea aprobado a principios de mayo gracias al acuerdo alcanzado con el Partido Regionalista de Cantabria.

Entre las medidas que ya se han solicitado al Gobierno español se encuentran propuestas que van más allá de las competencias autonómicas y que, en gran medida, han sido integradas en el Decreto Ley. Estas incluyen medidas regulatorias relacionadas con la fiscalidad energética y bonificaciones para combustibles, que en parte son financiadas por la comunidad autónoma con sus propios recursos.

En consecuencia, Cantabria ha dejado de recibir 21,6 millones de euros hasta el 30 de junio, lo que refleja la disminución en la recaudación del IVA y otros impuestos significativos.

Además, Arasti mencionó que han impulsado acciones adicionales para ayudar a familias y empresas, lo que incluye tres reducciones de impuestos, especialmente en el IRPF, bonificaciones al transporte público y el mantenimiento del complemento del 15% de la renta social básica para familias en dificultades.

El consejero también destacó la rapidez del Gobierno a la hora de actuar. Señaló que, aunque el conflicto comenzó el 28 de febrero, SODERCAN recibió el mandato de evaluar su impacto el 5 de marzo, y la primera reunión del comité se convocó el 16 de marzo.

“No podemos ignorar la naturaleza global de esta crisis, con un desenlace incierto que exige soluciones y un plan nacional que articule una respuesta integral”, comentó.

Arasti defendió que la reacción del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha sido “inmediata” y la respuesta “prudente y responsable”, contrastando con la lenta reacción de gobiernos anteriores que tardaron meses en implementar las primeras medidas ante crisis similares.

El consejero, que preside el comité, ofreció estas declaraciones en una rueda de prensa acompañado de sus colegas de Economía y Desarrollo Rural, Luis Ángel Agüeros y María Jesús Susinos, respectivamente.