En un reciente juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santander, cuatro de los siete individuos acusados de llevar a cabo una serie de robos en doce establecimientos de Cantabria han llegado a un acuerdo que ha modificado significativamente las penas inicialmente solicitadas. Este acuerdo se produjo el pasado 13 de enero, en el marco del juicio que estaba programado para el lunes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial se encuentra a la espera de dictar una sentencia que refleje el acuerdo alcanzado por las partes. Entre las condenas pactadas, se contempla una pena de tres años y medio de prisión para uno de los acusados, quien, gracias a la aplicación de atenuantes, ha visto reducida su sanción.

En este caso particular, se ha considerado la atenuante de drogadicción y el hecho de que el acusado ha contribuido económicamente a la indemnización solicitada por los daños causados durante los robos, los cuales involucraron tanto a naves como a vehículos que habían sido robados.

Los otros tres acusados que han llegado a un acuerdo, entre los cuales se encuentran dos mujeres y un hombre, también han beneficiado de la atenuante por la reparación del daño. Una de las mujeres ha aceptado una pena de tres años de prisión, mientras que la otra mujer y el hombre recibirán una condena de dos años.

Cabe destacar que el juicio originalmente estaba programado para durar toda la semana y que los acusados pertenecen a una misma familia. De los cinco hombres incluidos en el caso, solo dos se presentaron ante el tribunal, mientras que los otros tres se encuentran en paradero desconocido y han sido declarados en rebeldía.

La Fiscalía, en un principio, solicitó penas de cinco años de prisión para los siete acusados junto con una indemnización que supera los 65.500 euros, bajo la acusación de un delito continuado de robo con fuerza en establecimientos abiertos al público fuera de su horario habitual, presuntamente cometido por una organización o grupo criminal.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los acusados, familiares entre sí, llevaron a cabo estos robos entre septiembre de 2021 y enero de 2022, momento en el que fueron detenidos. Las infracciones se realizaron principalmente durante la noche.

Para perpetrar estos delitos, los acusados emplearon técnicas como el alunizaje, utilizando vehículos que habían sido robados para acceder a los establecimientos o bien sus propios coches.

Los cargos que enfrentan se relacionan con robos en doce diferentes comercios situados en localidades como Pesués, Pomaluengo, Revilla de Camargo, Torrelavega, Cartes, Santa Cruz de Bezana, Reinosa, Golbardo, Arce e Hinojedo, muchos de los cuales están ubicados en polígonos industriales y pertenecen al sector alimentario.

Entre los artículos sustraídos se incluyen productos de alto valor como jamones de bellota, quesos, lotes de productos ibéricos, dulces y caramelos, así como herbicidas, fotocopiadoras, minimotos, cascos y diversas herramientas.

Los acusados han consignado la cantidad de 10.000 euros destinados a hacer frente a la posible responsabilidad civil que pudiera derivarse de sus acciones delictivas. La Fiscalía considera que los implicados son responsables de un delito continuado de robo con fuerza en establecimientos abiertos al público, perpetrado por un grupo organizado.