Denunciada una empresa cántabra por un depósito de gasoil sin control en una furgoneta

La Guardia Civil ha denunciado a una empresa cántabra por transportar en una furgoneta un depósito de gasoil que utilizaba para repostar maquinaria de obra. Los agentes detectaron deficiencias de seguridad y posibles irregularidades en el régimen de impuestos especiales. El depósito tenía una capacidad de 240 litros y contenía unos 120 en el momento de la inspección.

El control se produjo la semana pasada en una zona de obras de Medio Cudeyo. Una patrulla de la Guardia Civil de Fiscal y Fronteras dio el alto al vehículo por considerar sospechosa su presencia en el lugar. Durante la revisión, los agentes comprobaron que la furgoneta había sido equipada con un depósito y una manguera pensados para suministrar combustible a otros vehículos.

Las deficiencias señaladas son de dos tipos. Por un lado, la seguridad: el extintor estaba caducado, lo que supone un riesgo para el conductor y para terceros en caso de accidente, y no se acreditó que el depósito estuviera registrado. Por otro, la inspección técnica: el vehículo llevaba más de diez años sin superar las revisiones preceptivas. Además, la empresa no pudo justificar con documentos la trazabilidad del gasóleo transportado ni disponer de autorización para operar con gasóleo bonificado.

Este tipo de infracciones tiene implicaciones que van más allá de la seguridad vial. El gasóleo bonificado está sujeto a un régimen fiscal reducido, destinado a sectores concretos como el agrícola o el de transporte profesional. Su uso indebido supone un fraude fiscal y una distorsión de la competencia frente a empresas que cumplen la normativa. Por ello, la trazabilidad del producto es un requisito clave en la vigilancia de los impuestos especiales.

Los agentes han trasladado las posibles infracciones a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Industria de Cantabria, que deberán determinar las sanciones correspondientes. El caso ilustra la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las administraciones fiscales y de industria en el control de combustibles en la comunidad.

Más allá de este expediente concreto, la intensificación de los controles sobre el transporte y el suministro de carburantes responde a una preocupación más amplia por el fraude en los impuestos especiales, que se estima como una de las principales fuentes de pérdida de recaudación en el sector energético. Las próximas inspecciones podrían ampliar el alcance de estas actuaciones a otros operadores de la comunidad.