En una importante intervención, la Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desmantelado una red de crimen organizado de ámbito internacional que operaba en España, habiendo defraudado más de 150.000 euros a aproximadamente 250 víctimas en todo el territorio nacional, incluyendo Cantabria, mediante estafas relacionadas con la venta de animales de compañía.

El resultado de esta operación ha llevado a la detención de un total de 28 individuos y la investigación de otros 30, tanto dentro de España como en Colombia, con un total de 681 delitos atribuidos a los arrestados. Sin embargo, las pesquisas siguen en curso y se estima que el número de delitos podría aumentar significativamente, según ha señalado el Instituto Armado.

La operación ha permitido a las autoridades esclarecer una variedad de delitos delictivos, que incluyen 335 estafas, 158 casos de usurpación de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, y 60 incidentes relacionados con el blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal.

Es notable que la organización criminal había logrado un movimiento financiero que superaba los 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, además de haber ingresado más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español. Este enfoque en criptomonedas refleja una estrategia clave para diluir la trazabilidad de estos fondos ilícitos.

La operación, denominada 'Canmoney', se originó tras una denuncia por estafa cuando una persona realizó un pago por una mascota que nunca recibió. Los delincuentes utilizaban cuentas bancarias para depositar el dinero obtenido de las estafas, que luego convertían en criptomonedas para transferirlo a las cuentas de su red.

Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía, anunciados por alrededor de 500 euros en diferentes plataformas de compraventa. Para generar confianza, los estafadores enviaban documentos de identidad que habían sido sustraídos de otras personas previamente víctimas de sus engaños.

Una vez que la víctima realizaba el primer pago, los estafadores solicitaban un segundo pago y, en caso de negativa, amenazaban a la víctima, incluso utilizando llamadas y mensajes que incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego. A través de estas tácticas de coerción, buscaban asegurar el pago de los gastos de transporte.

Las primeras fases de la investigación llevaron a la detención de uno de los implicados en Valencia, marcando así el inicio de estas exhaustivas indagaciones.

Las criptomonedas fueron empleadas por la organización como una herramienta estratégica para dificultar la detección de sus fondos ilícitos, a la vez que facilitaban su integración en el sistema financiero legítimo. Un aspecto crucial de la investigación fue el establecimiento del dueño de un locutorio, quien utilizaba su conocimiento del sector para actuar como testaferro y facilitar las transacciones en España, según informa la Guardia Civil.

Tanto el propietario del locutorio como su pareja lograron integrar unos tres millones de euros mediante diversos cajeros automáticos distribuidos por España. Posteriormente, estos fondos eran convertidos en criptomonedas y dispersados a cientos de direcciones, con el fin de eludir el rastreo de las autoridades.

En los niveles inferiores de la organización, varios individuos localizados en España y Colombia eran responsables de abrir cuentas bancarias que recibirían el dinero proveniente de las estafas, mientras que otros miembros se encargaban de gestionar el dinero recibido, convertirlo en criptomonedas, y su posterior depósito en direcciones descentralizadas, en áreas donde operaban líderes de la organización en Colombia y Camerún.

En total, se llevaron a cabo doce registros, nueve en España y tres en Colombia, donde las autoridades confiscaron teléfonos móviles utilizados para cometer los delitos y mantener contacto con las víctimas, así como propiedades, vehículos, ordenadores, dispositivos de conteo de dinero, efectivo, billeteras frías de criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relevante para el caso.

La Guardia Civil realizó esta operación en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia, junto con Interpol, el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol de la Policía Nacional de Colombia, y en colaboración con Europol.

Las víctimas de esta red delictiva han sido identificadas en 43 provincias españolas, incluyendo Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, y muchas más, lo que pone de relieve la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer la vigilancia y la prevención ante este tipo de delitos en el futuro.