En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Cantabria, cinco individuos, cuatro hombres y una mujer, han llegado a un acuerdo que modifica las condiciones de su condena antes del juicio. La nueva sentencia establece dos años de prisión para cada uno, así como una indemnización colectiva de 236.000 euros por los daños causados al quemar 34 vehículos durante la primavera y verano de 2022 en múltiples localidades.

Este acuerdo judicial representa un año menos de cárcel y un incremento de 43.500 euros en la indemnización respecto a lo que había solicitado anteriormente la Fiscalía. El juicio estaba programado para comenzar este lunes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, pero las partes involucradas decidieron conformarse a los nuevos términos durante la audiencia.

La representante del Ministerio Público modificó su escrito original, incorporando ajustes que fueron aprobados tanto por los abogados de las víctimas como por la defensa de los acusados. Este consenso también incluyó la decisión de que los condenados asumirían las costas judiciales y se acordó la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel: tres años para los hombres y dos años para la mujer, quien había aportado 8.000 euros antes del juicio, mientras que otro coacusado había ingresado solo 100 euros.

Sin embargo, esta suspensión de la pena está sujeta a estrictas condiciones. Si durante el periodo establecido –tres años para los hombres y dos para la mujer– cometen un nuevo delito o no cumplen con los pagos mensuales de la responsabilidad civil, perderán este privilegio y deberán cumplir su condena de prisión. Cabe recordar que ya pasaron seis meses en prisión preventiva desde su detención en septiembre de 2022 hasta febrero de 2023.

La jueza, al ver el acuerdo de las partes implicadas, procederá a emitir una sentencia basada en lo pactado, dando así firmeza a la resolución, ya que tanto las acusaciones como las defensas han renunciado a apelaciones futuras.

Según los informes del Ministerio Público, los cinco procesados llevaron a cabo sus actos delictivos "de común acuerdo y con la intención de perjudicar la propiedad ajena". Durante un periodo de trece días entre mayo y agosto de 2022, los acusados atacaron vehículos en diversas localidades, utilizando "artefactos incendiarios" para llevar a cabo sus fechorías en horas de la madrugada.

La brutalidad de sus acciones resultó en la destrucción de 34 vehículos y varios contenedores, con el grave peligro de que las llamas alcanzaran viviendas, poniendo en riesgo la vida de los residentes en las áreas afectadas, lo cual subraya la seriedad del delito que han cometido.