El Ayuntamiento de Argoños se encuentra en negociaciones avanzadas para la adquisición de tres parcelas en el centro de la localidad, donde se planea construir viviendas de sustitución. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso más amplio que implica la demolición de 120 de las 254 viviendas en la zona, que han sido objeto de sentencias de derribo.

La situación se ha visto complicada tras la reciente anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, una decisión del Tribunal Supremo que el Gobierno de Cantabria considera definitiva, llevando a la conclusión de que las propiedades en cuestión "ya no tienen solución".

Con este trasfondo, el Ayuntamiento ha identificado tres terrenos de venta que están "muy bien situados" para albergar viviendas para aquellos propietarios que decidan optar por esta opción tras la demolición. La medida afectará a 21 viviendas en la urbanización Pueblo Del Mar y 99 en La Llana I y II. A los propietarios se les dará un plazo de 15 días para decidir si prefieren recibir una indemnización o una nueva vivienda.

El Ejecutivo local ha argumentado que estas 120 viviendas deben ser destruidas porque la situación es irreversible; no obstante, permanece a la espera de un fallo judicial sobre otras 124 propiedades en el municipio, que también enfrentan sentencias de derribo y cuya legalización es el objetivo principal del Gobierno. La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que representa a los afectados, ha expresado su preocupación por lo que consideran un futuro incierto y urgente, pidiendo que el Gobierno actúe con diligencia para evitar desigualdades entre los propietarios de diferentes zonas.

Las declaraciones oficiales provienen de una reunión en la que participaron el consejero de Fomento, Roberto Media; el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña; y Antonio Vilela, presidente de AMA. Este encuentro fue motivado por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el PORN, lo que ha dejado a muchos en una situación precaria con respecto a sus propiedades.

Media ha enfatizado la obligación de cumplir con las sentencias, incluso si son desfavorables. También ha criticado a quienes, bajo el pretexto de proteger el medioambiente, persiguen intereses que no representan a la comunidad. La administración no ve ningún aspecto positivo en la reciente decisión del Tribunal y expresa su preocupación por las consecuencias en los ciudadanos de Cantabria que sufren los efectos de estos problemas legales.

El futuro de las 124 viviendas restantes todavía es incierto. En caso de que la sentencia judicial afecte solo a una parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), podrían legalizarse algunas construcciones. Sin embargo, los responsables se preparan para la posibilidad de que se anule en su totalidad, lo que podría obligar a convocar otra reunión con el fin de encontrar soluciones definitivas.

Media se ha comprometido a hacer todo lo posible para que las demoliciones de las 120 viviendas se lleven a cabo antes de que finalice la legislatura. Aseguró que tan pronto como se adquiera el terreno, comenzarán los trabajos de planificación y ejecución de las obras. Asimismo, mencionó que ya existen soluciones habitacionales preliminares para algunos afectados en Argoños y otras localidades cercanas.

El alcalde, por su parte, ha manifestado su descontento con la anulación del PORN, calificando la situación como un "golpe" que no beneficia a nadie, y está trabajando arduamente con los propietarios para llegar a un acuerdo sobre la compra de las parcelas necesarias. Su objetivo es actuar rápidamente para resolver esta problemática que lleva 25 años sin solución.

Vilela, líder de AMA, ha hecho un llamado al Gobierno para que los convenios establecidos con los afectados se implementen lo antes posible, sugiriendo que, de haberse aplicado antes, la situación hubiera progresado de manera más significativa. Además, subraya la importancia de ofrecer a los afectados opciones justas y equitativas, ya sea una indemnización o una vivienda de sustitución.

Tanto el Consejero como el Alcalde han instado a los propietarios a considerar las viviendas de sustitución como una solución viable y a permanecer en sus municipios, reconociendo que al final la decisión recae en cada uno de ellos y que algunos pueden preferir la compensación económica.