Desde Santander, el Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes de manera unánime a la solicitud dirigida al Gobierno regional (PP) para la elaboración de un comunicado legal en un plazo de 15 días que examine las causales para la rescisión del contrato con Diavida, la empresa encargada del transporte sanitario programado. Se hace especial énfasis en el incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales estipuladas en los pliegos de contratación.

La propuesta no legislativa ha sido presentada por el Grupo Regionalista y ha recibido el respaldo de los miembros del Partido Popular, quienes han recordado que, tal como anunció el consejero de Salud, César Pascual, el Gobierno autonómico ya ha pedido dicho informe y los servicios legales se encuentran trabajando en ello.

En su argumentación, los regionalistas han denunciado que desde que Diavida comenzó a gestionar las ambulancias programadas en Cantabria el 1 de octubre de 2024, el servicio ha estado lleno de problemas, lo que ha sido objeto de numerosas quejas tanto por parte de los usuarios como de los profesionales y el comité de empresa. Estos últimos han llegado incluso a solicitar al Servicio Cántabro de Salud que intervenga, amenazando con llevar a cabo movilizaciones.

La diputada y portavoz del PRC en asuntos de Salud, Paula Fernández, ha resaltado que en las últimas dos décadas, el transporte sanitario nunca había experimentado una situación tan crítica como la actual, que calificó como "insostenible" e "inaceptable". Ha criticado el retraso en el pago de salarios a sus 136 empleados, la falta de un calendario de trabajo negociado y el incumplimiento de diversas disposiciones técnicas, entre otras irregularidades.

Por consiguiente, ha instado al consejero de Salud a que tome medidas para resolver esta situación, asegurando que tiene las herramientas legales necesarias para hacerlo. También ha solicitado la aplicación de sanciones establecidas en los pliegos del contrato al cumplirse cuatro meses desde que se iniciaron los incumplimientos graves.

En cuanto a la resolución del contrato, se ha pedido que se estudien alternativas para garantizar la continuidad del servicio y la subrogación de los trabajadores. Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Pesquera ha calificado al transporte programado como un "desastre" y ha anunciado la presentación de una nueva propuesta la próxima semana para pedir la internalización de las ambulancias.

Por su parte, Vox ha sugerido ampliar a 30 días el plazo para la elaboración del informe jurídico con el fin de obtener un análisis más detallado de todas las infracciones. Consideran que el alcance del informe no debe limitarse únicamente a las causas de resolución vinculadas a la prevención de riesgos laborales, sino que debería abarcar todos los incumplimientos.

Desde el Partido Popular, el diputado Miguel Ángel Vargas ha recordado que los pliegos del contrato del transporte sanitario programado fueron redactados por el Ejecutivo anterior (PRC-PSOE), criticando que no se hayan tomado medidas contra las irregularidades previas de Ambuibérica, la empresa anterior encargada del servicio. Se ha subrayado la necesidad de exigir el cumplimiento del servicio y de sancionar los incumplimientos de manera eficaz.

De esta manera, los miembros del PP han apoyado la iniciativa, afirmando que "cuando ustedes van, el Gobierno ya viene de allí".