En una reciente sesión, el Parlamento de Cantabria ha dado luz verde a una propuesta de ley no vinculante proveniente de Vox, la cual ha contado con el respaldo de los partidos PRC y PSOE, mientras que el Partido Popular (PP) se ha opuesto firmemente a ella.

Este lunes, la iniciativa fue aprobada por la mayoría de la oposición. Su objetivo es solicitar al gobierno regional, liderado por el PP, que incluya en el presupuesto para 2026 una partida que permita que los centros educativos permanezcan abiertos después del horario lectivo durante el curso escolar 2026-2027. Esto permitiría a los estudiantes acceder, sin costo alguno, a espacios como bibliotecas, gimnasios y patios.

Además, la propuesta sugiere que se realicen pruebas piloto en algunos centros escolares que cuenten con los recursos adecuados para poder implementar este servicio de manera efectiva desde el presente año académico.

A pesar de que la idea original fue formulada por Vox, el contenido de la proposición experimentó cambios tras la aceptación de una enmienda del PSOE que añade especificaciones sobre cómo garantizar "la implementación efectiva del servicio", que incluye mejoras en la seguridad y accesibilidad de las instalaciones escolares.

El PP, por su parte, presentó una enmienda que fue desestimada por Vox, argumentando que esta modificación buscaba desvirtuar la propuesta y eliminar el compromiso financiero necesario para su ejecución.

Aunque el Partido Popular se mostró de acuerdo en la idea de convertir los centros en "puntos de encuentro" y mejorar su uso, consideran clave realizar un análisis preliminar de las opciones de conciliación y actividades extraescolares existentes antes de extender esta medida, buscando un uso más responsable y sostenible de los recursos públicos.

Álvaro Aguirre, diputado del PP, destacó que ya son 107 de los 137 colegios en Cantabria los que operan fuera del horario lectivo, así como 40 institutos que también ofrecen actividades durante esos períodos.

Desde el PP, se ha criticado a Vox por asociarse con un PSOE al que acusan de deber importantes sumas de dinero a las comunidades para mejorar la calidad de los espacios educativos, ignorando en cambio una propuesta del PP que apoya al gobierno regional y que prioriza la inversión en educación.

Aguirre no dudó en señalar que la defensa de Vox en este caso les dejará una complicada explicación que ofrecer a sus electores.

El PRC, aunque respaldando la iniciativa, ha cuestionado a Vox sosteniendo que una solución a la conciliación y la baja natalidad no se encuentra en alargar la jornada escolar, sino en reducir la del trabajo para permitir que los niños pasen más tiempo con sus padres.

Teresa Noceda, representante regionalista, enfatizó que Vox ha votado en contra de una ley en el Congreso que propone reducir la jornada laboral, indicando que "no se puede tener la bota llena y la abuela borracha" en cuanto a las soluciones a los problemas sociales.

Armando Blanco, de Vox, admitió que lo ideal es que los niños estén con sus padres, pero subrayó que muchas veces esto no es factible, defendiendo su propuesta como una forma de promover la conciliación y el bienestar infantil.

En otra votación, Vox no logró avanzar en su pedido al gobierno regional para implementar medidas contra las prácticas collusorias en las licitaciones públicas, un esfuerzo que fue rechazado por los demás grupos parlamentarios.

Desde el PP, se argumentó que tales iniciativas buscan minar la confianza en las instituciones públicas y critican que se solicita información sin evidencias concretas que justifiquen tales acusaciones.

El grupo popular considera que la propuesta de Vox implica una denuncia de un fraude generalizado en la administración que resulta inaceptable y destacaron que muchas de las acciones solicitadas ya están siendo implementadas.

En respuesta, el PRC acusó a Vox de querer elaborar una narrativa donde todos los actores políticos son responsables de los males del sistema, defendiendo la integridad de aquellos que ocupan cargos públicos.

En su moción, Vox también exigió que el gobierno adopte una postura activa en la investigación de un presunto cártel de la construcción, mientras que el PP insistió en que las investigaciones deben realizarse de forma imparcial y sin interferencias externas.

Los populares aseguraron que el gobierno regional colaborará plenamente con las autoridades de competencia y tomará medidas contundentes contra la corrupción en caso necesario.

Finalmente, el PSOE se opuso también a las propuestas de Vox, denotando que carecen de un contenido útil y son solo una estrategia de oportunismo político que injustamente ataca a los funcionarios y el sistema de contratación pública.

Leticia Díaz, portavoz de Vox, criticó a los partidos que votaron en contra, argumentando que se han retratado como defensores de prácticas cuestionables y han perdido la oportunidad de poner un freno a situaciones de corrupción en el ámbito público.