El Parlamento cántabro ha tomado la iniciativa este lunes, alcanzando un consenso entre todas las fuerzas políticas, al aprobar una moción que demanda al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la extensión del tren desde Bilbao hasta Santander. Esta decisión refleja un firme rechazo a la propuesta del Gobierno, que plantea dividir el ambicioso proyecto en tramos y comenzar por la conexión entre Bilbao y Castro Urdiales.

La moción cuenta con el respaldo unánime de todos los grupos representados en la Cámara, incluyendo al Partido Popular, el PRC, el PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Aunque los socialistas han apoyado la iniciativa, han insistido en la necesidad de abordar el proyecto de manera integral, sugiriendo que la magnitud de la obra requiere un enfoque "riguroso" y "metódico". Se alinean con la idea de que, al dividir el proyecto, se garantizará su avance y se evitará el estancamiento.

No obstante, la propuesta de fraccionamiento del proyecto suscita serias preocupaciones entre los restantes partidos, quienes advierten que cualquier descomposición del estudio podría resultar en que el tren no alcance finalmente Santander. La moción aprobada exige mantener el recorrido total y que el nuevo tren cuente con características de alta velocidad para pasajeros y mercancías, buscando un tiempo de trayecto que no supere los 60 minutos.

Partidos como el PP, el PRC y Vox han expresado su determinación de que no permitirán un tren que solamente conecte con Castro Urdiales, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de priorizar los intereses del País Vasco a expensas de Cantabria, como parte de un "pago" en futuros acuerdos políticos.

El PSOE, por su parte, ha defendido su compromiso con la realización del proyecto, argumentando que, gracias a sus esfuerzos, los habitantes de Cantabria pronto disfrutarán de un sistema ferroviario moderno y eficiente. El diputado Mario Iglesias subrayó que el trabajo se está llevando a cabo en fases para asegurar su viabilidad y acceso a fondos europeos, desacreditando así cualquier crítica que sugiera que el partido no avanza en el tema.

La respuesta del PP no se hizo esperar; Iñigo Fernández criticó a los socialistas por lo que considera una falta de logros tangibles en la región durante la actual legislatura. Culpó al Gobierno de no llevar a cabo el desarrollo del tren como prometido, subrayando que ni siquiera se cumplirán los plazos para los Cercanías que se habían comprometido.

En una intervención cargada de críticas, Fernández también tomó la oportunidad para reprochar a la presidenta del Parlamento por presuntos actos de corrupción relacionados con el nombramiento de un puesto, sugiriendo que su gestión no es ejemplar. Esto ocurrió en un contexto donde se le pedía que se centrara exclusivamente en el asunto del tren.

Desde el PRC, Javier López Estrada defendió la moción señalando que carecen de justificación técnica las razones para no incluir a Santander en el trayecto desde Bilbao. Denunció que existe una motivación política que sacrifica el bienestar cántabro en favor del País Vasco, y enfatizó que la demanda de una conexión ferroviaria es un derecho esencial para la comunidad.

Sin embargo, Vox no se quedó atrás y acusó a regionalistas y socialistas de complicidad en lo que calificaron como "caos ferroviario", haciendo hincapié en que han estado en el poder más de dos décadas y que su gestión ha sido deficiente. El diputado Armando Blanco calificó el asunto como un "engaño político".

A pesar de todo, la moción de Vox para implementar medidas fiscales relacionadas con la vivienda no obtuvo el apoyo necesario para su aprobación, siendo rechazada por los demás grupos y resaltando sus críticas hacia la relación entre inmigración y la crisis habitacional en Cantabria.