El PSOE denuncia opacidad en gestión del gasto sanitario en Cantabria
El Partido Socialista de Cantabria ha criticado la falta de transparencia del Gobierno regional en relación con el incremento del gasto sanitario. Según cifras oficiales, las listas de espera en agosto alcanzaron 16.642 personas para cirugías, 37.636 para pruebas diagnósticas y 38.661 para atención especializada. Estas cifras evidencian que, pese al aumento presupuestario, la calidad y la rapidez en la atención no han mejorado.
El contexto político en Cantabria refleja una tendencia del Ejecutivo del Partido Popular a mantener una gestión opaca. La oposición denuncia que las respuestas a sus solicitudes de información son evasivas o incompletas, dificultando el control parlamentario y la fiscalización del gasto en salud. La falta de datos públicos claros genera incertidumbre sobre el impacto de los fondos destinados, especialmente el plan de choque de 65 millones de euros, que no ha producido mejoras visibles en la reducción de listas de espera.
Estas circunstancias tienen implicaciones directas en la calidad asistencial y en la percepción de la sanidad pública. La situación pone en cuestión la eficacia de las políticas sanitarias, que parecen priorizar la inversión sin una planificación transparente. La posible deriva hacia un modelo que favorece la privatización se ve alimentada por la incapacidad del Gobierno para demostrar resultados concretos.
Desde la perspectiva política, la oposición exige conocer el destino exacto del gasto y la gestión de recursos. Además, cuestiona el convenio con la Mutua Montañesa para derivaciones y cirugías, criticando que la sanidad pública no funcione a tiempo completo, mientras se externalizan servicios a empresas privadas. La atención se centra en la necesidad de fortalecer el sistema público en lugar de externalizar o fragmentar servicios.
A largo plazo, la situación en Cantabria podría profundizar la brecha entre la sanidad pública y privada. La falta de transparencia y resultados palpables puede erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público, incentivando la demanda de soluciones privadas. La administración regional enfrenta el reto de revertir esta tendencia mediante una gestión más clara y efectiva, priorizando la atención a la población y la sostenibilidad del sistema.