El Supremo confirma pena por falsificar certificados para cobrar anticipos millonarios.

El Supremo confirma pena por falsificar certificados para cobrar anticipos millonarios.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria contra un empresario acusado de falsificar certificaciones de obra pública para obtener anticipos millonarios de siete entidades bancarias. El acusado fue condenado por un delito continuado de estafa, falsedad y alzamiento de bienes a cuatro años y tres meses de prisión.

El procesado presentó un recurso de casación alegando la nulidad de algunos registros y procedimientos llevados a cabo, la infracción del precepto constitucional y errores en la valoración de las pruebas, pero el Supremo desestimó el recurso y no encontró “tacha alguna de ilegalidad y validez de lo actuado y del ajuste a los parámetros constitucionales". Además, el Ministerio Fiscal se pronunció en contra del recurso del condenado, remarcando que dejó pasar más de diez años para desplegar sus quejas.

El empresario dirigía un grupo empresarial que operaba de manera interrelacionada en Cantabria. Logró de diversas entidades bancarias la obtención de importantes cantidades de dinero a las que no tenía derecho mediante el endoso de múltiples certificaciones de obras públicas que no se correspondían con obra alguna contratada o bien el importe que contemplaba no se correspondía con lo real. En algunos casos, una misma certificación se endosaba a varias entidades bancarias.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada por la Audiencia, que también condena al empresario por un delito de alzamiento de bienes, ya que creó tres empresas al frente de las cuales colocó a un testaferro para vender inmuebles y vehículos de su grupo empresarial y eludir así el pago a sus acreedores. La Audiencia condenó al testaferro a una pena de tres meses de prisión y 720 euros de multa.

Las penas de prisión incluyen la inhabilitación para el ejercicio de administrador o gestor de empresas con la misma duración que las condenas de privación de libertad. Además, el empresario fue condenado a indemnizar a los bancos en cantidades que se concretarán en la fase de ejecución de sentencia, estableciendo un máximo de 488.000 euros a Banesto; 320.000 euros a Banco Pastor; 974.000 euros a Liberbank por Bancantabria; 5.158.000 euros a Liberbank por Caja Castilla-La Mancha; 12.242 euros a Bankia, y 600.329 euros a BBVA.

El tribunal tuvo en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, además de la de reparación del daño en el caso del empresario, ya que pagó diversas cantidades a algunos de los bancos.

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Cantabria