El Tribunal Constitucional de España ha tomado la decisión este martes de admitir los recursos presentados por las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria y Extremadura en relación al controvertido reparto de menores migrantes no acompañados. Esta acción sigue a la impugnación previa realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, confirmaron fuentes oficiales del TC.

Los recursos se centran en el Real Decreto-ley 2/2025, promulgado el 18 de marzo, el cual establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de los menores en situaciones de crisis migratoria excepcional.

Los gobiernos regionales argumentan que dicha norma no solo infringe los preceptos constitucionales que rigen la legislación sobre derechos fundamentales, sino que también interfiere en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, así como en los principios de autonomía y solidaridad entre ellas.

El 29 de abril, el Tribunal ya había aceptado el recurso de la Comunidad de Madrid contra este mismo decreto. En esa ocasión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la región, Miguel Ángel García Martín, afirmó que se trataba de un reparto “discrecional” que había sido negociado con Junts solo con el objetivo de garantizar los “siete votos necesarios” para que Pedro Sánchez continúe en el cargo.

El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid argumenta que el decreto es contrario a la Constitución, ya que invade las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en la recepción y acogida de menores extranjeros, un ámbito que les corresponde según el estatuto de protección de menores.

Además, se sostiene que este enfoque es “incompatible” con el principio de solidaridad y lealtad entre administraciones, pues el criterio de distribución ha sido fijado sin la consulta debida a las comunidades autónomas. También se menciona que incumple el principio de autonomía financiera, puesto que el gobierno central no asegura la financiación necesaria para garantizar el bienestar de los menores afectados.

Desde la perspectiva del Partido Popular, el decreto carece de fundamento, ya que reubica a los menores migrantes no acompañados mediante criterios arbitrarios, sin priorizar su atención y asistencia adecuadas.