Alberto Vilar, conocido por su papel como presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, ha sido sentenciado a dos años de prisión tras el fallo del Tribunal Supremo, que ha ratificado la condena por malversación de fondos de la entidad que dirigió durante más de dos décadas. La decisión también incluye una compensación de más de 93.000 euros, así como una multa de 2.100 euros.

La Sala de lo Penal, en un dictamen redactado por el magistrado Andrés Palomo, ha respaldado la resolución de la Audiencia Provincial de Santander, que encontró culpable a Vilar por un delito continuado de apropiación indebida durante su mandato entre 1990 y 2012.

Las pruebas presentadas demostraron que Vilar utilizó recursos de la Federación para su beneficio personal. Entre sus gastos se incluyen flores, gafas, seguros de hogar, así como dietas de desplazamientos que nunca tuvo lugar.

Además, se estableció que Vilar, en complicidad con otros, alteró el acta de una asamblea general realizada el 2 de julio de 1999 para crear un plan de pensiones y uno de ahorro, utilizando nuevamente fondos de la Federación para este fin.

El plan de pensiones en cuestión recibió contribuciones de la Federación por un total de 51.235,56 euros, cantidad que Vilar rescató en 2007, obteniendo netamente 59.502,50 euros. Por otro lado, en el plan de ahorro, la Federación aportó 20.218,22 euros, y Vilar recibió 20.259 euros al hacer el rescate en 2007.

Además de estos, en 2003 Vilar estableció otros dos planes de pensiones en otra compañía, que también contaron con contribuciones de la Federación. En 2005, se reportaron aportes por 3.966,71 euros, y en 2007 solicitó la anulación de estas pólizas, recibiendo 16.229,54 y 12.203,84 euros, respectivamente.

El Supremo subraya que la Audiencia de Santander presentó pruebas contundentes que justifican la condena, y que la valoración del recurrente no logra desacreditar la inferencia de culpabilidad. La corte recordó que Vilar, como presidente, tenía la responsabilidad de administrar los bienes de la Federación, y su mal manejo de los mismos en beneficio personal constituye un claro delito de apropiación indebida.