Una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la pena de once años de prisión para dos jóvenes implicados en la muerte de un chico en el apeadero de tren de Boo de Piélagos, un caso que ha conmocionado a la comunidad. El incidente ocurrió en febrero de 2022, cuando la víctima, Carlos Cubillas, de 21 años, fue agredida y posteriormente sufrió una caída a las vías del tren.

El tribunal ha dictaminado que las características de las lesiones en el cadáver de Cubillas hacen imposible que su caída se haya producido de manera accidental. En su sentencia, los magistrados sostienen que los ataques fueron motivados por un abuso de superioridad por parte de los agresores, quienes, según el fallo, actuaron de manera deliberada y con la intención de causar daño.

Los acusados, Rubén G.A. y Ángel R.C., ambos residentes en Boo y que en el momento de los hechos tenían entre 19 y 20 años, habían sido previamente declarados culpables por un tribunal de legos. Su apelación fue desestimada, reafirmando que había pruebas suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia que les amparaba.

El veredicto también implica que los condenados deberán cumplir con medidas de libertad vigilada durante diez años tras cumplir la pena, además de abstenerse de acercarse a la familia de la víctima durante un período de doce años. Asimismo, deberán abonar una indemnización total de 170.500 euros a los familiares del fallecido, cifra que refleja el grave impacto que la tragedia ha tenido en ellos.

El informe forense presentado en el juicio fue crucial para la resolución del tribunal. Los detalles sobre las lesiones en el cuerpo de la víctima conducen a la conclusión de que el golpe recibido no podría haber sido resultado de una caída involuntaria, sino más bien el resultado de una agresión violenta. El tribunal señala que los agresores propinaron múltiples golpes, lo que llevó a la víctima a caer en la plataforma y luego, finalmente, a las vías del tren.

Ante la solicitud de la defensa para reconsiderar la agravante del abuso de superioridad, el tribunal insistió en que existían pruebas que respaldaban esta decisión. Las declaraciones de testigos oculares jugaron un papel fundamental en la confirmación de que la dinámica de la agresión mostraba en efecto una clara desventaja para la víctima.

Finalmente, el TSJC también rechazó las alegaciones sobre la falta de imparcialidad del magistrado presidente del jurado, manifestando que no había suficientes pruebas que sugirieran un sesgo en su conducción del juicio. Asimismo, los condenados han sido informados de su derecho a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque la sala ha dejado claro que la decisión actual es firme.