La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha expresado su rechazo al reciente acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco, subrayando que este pacto es inaceptable y discriminatorio. Según ella, este entendimiento contradice el principio constitucional de igualdad al garantizar al País Vasco una financiación del 50% en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

En un comunicado emitido este viernes, Gómez del Río ha señalado que Pedro Sánchez ha optado por manejar la igualdad entre las comunidades autónomas de forma arbitraria, basándose en intereses políticos. Ha hecho hincapié en que, mientras el País Vasco recibe la financiación debida, otras comunidades continúan siendo desatendidas año tras año.

La consejera ha recordado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que el financiamiento debe dividirse equitativamente entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, ha lamentado que en la práctica, este compromiso no se cumple.

En ese sentido, Gómez del Río ha indicado que Cantabria ha enfrentado una carga desproporcionada durante años, mientras que el Gobierno central ha disminuido su participación financiera. Esto ha afectado la calidad de los servicios, la viabilidad de los centros de atención y, especialmente, la dignidad de quienes dependen de estos recursos.

La consejera ha citado cifras preocupantes, afirmando que en 2022 el Gobierno de España cubrió solo un 30% de los costos del sistema de dependencia en Cantabria, y que en 2023 este porcentaje apenas sobrepasó el 32%, a pesar de un incremento notable en el gasto regional. Lo que resulta aún más alarmante es que para 2024, la aportación estatal se ha desplomado a un 20%, obligando al Gobierno de Cantabria a asumir casi en su totalidad la financiación de este servicio esencial.

En términos concretos, mientras Cantabria destinaba más de 183 millones de euros a la atención a la dependencia en 2024, la contribución del Estado era apenas de 46 millones. La consejera considera que esta situación no representa colaboración, sino abandono y enfatiza que estos datos oficiales revelan una tendencia insostenible e inaceptable.

Además, Gómez del Río ha criticado que comunidades como el País Vasco logran acuerdos que garantizan una financiación equitativa, mientras que Cantabria se enfrenta a una falta de reconocimiento y un castigo por su esfuerzo. Se ha preguntado sobre el destino del principio de igualdad que el Gobierno promueve desde La Moncloa.

La consejera ha manifestado su apoyo a las demandas de organizaciones del sector, como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice de inmediato un trato equitativo para todas las comunidades, incluida Cantabria. "O todos o ninguno", ha declarado, resaltando que no se puede permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda según su lugar de residencia.

Asimismo, ha solicitado un diálogo estructurado y transparente entre el Gobierno y las comunidades, con el fin de abordar problemas crónicos del sistema de atención a la dependencia, como la insuficiencia de financiamiento, la falta de personal y la necesidad urgente de un modelo sostenible.

Por último, Gómez del Río ha instado al Gobierno de España a rectificar y ha enfatizado que "no se puede promover la igualdad territorial mientras se distribuyen fondos a puerta cerrada sin ningún tipo de rendición de cuentas". Concluyó reafirmando que Cantabria no permanecerá en silencio ante esta injusticia.