El Tribunal Supremo ha decidido mantener la sanción impuesta a un sargento primero de la Guardia Civil que se llevó a la alcaldesa de Santa María de Cayón (Cantabria) del lugar de un accidente de tráfico que ella misma provocó para evitar una multa. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la defensa del guardia civil contra la resolución que rebajaba su condena de un año a seis meses de suspensión de empleo.

El alto tribunal consideró que la sanción impuesta estaba debidamente motivada e individualizada. Además, señaló que la suspensión de empleo no es la sanción más grave para faltas muy graves, y que en este caso el sargento fue condenado en su mínima extensión, que abarca desde los tres meses y un día a los tres años.

Los hechos ocurrieron la noche del 6 de noviembre de 2021, cuando un coche chocó contra otro y el conductor del segundo vehículo se bajó para interesarse por los ocupantes del primero. En ese momento, la alcaldesa de Santa María de Cayón le explicó que iba a llamar a la Guardia Civil y a una ambulancia. Minutos después, el sargento condenado se presentó en el lugar del accidente de paisano y en su coche particular.

El sargento pidió la documentación del conductor y tomó fotografías de los daños en el coche. Posteriormente, se fueron presentando los agentes de la Guardia Civil alertados por la llamada al 112. Sin embargo, tanto la conductora como el sargento de paisano habían abandonado la escena del accidente sin avisar.

La patrulla informó a la central y luego se dirigieron al puesto de astillero, donde encontraron al sargento. En ese momento, el oficial le reprochó su comportamiento y el sargento admitió que se llevó a la alcaldesa del lugar del accidente porque era un cargo público.

El mismo día del accidente, los agentes intentaron contactar con el sargento, pero no recibieron respuesta. Nueve días después, la alcaldesa se presentó en la Guardia Civil y prestó declaración por lo sucedido.