Montero exige reformar Ley de Extranjería para que CCAA acojan a menas
El Gobierno aportará fondos para garantizar una atención digna a los menores migrantes no acompañados, según ha adelantado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Quienes rechacen acoger a estos niños, lo harán por razones ideológicas y no económicas, en un claro acto de sintonía con Vox.
SANTANDER, 10 Jul.
Montero ha instado a reformar la Ley de Extranjería para que todas las comunidades autónomas se hagan cargo de los menores migrantes no acompañados, contando con el apoyo del Partido Popular. La iniciativa busca abandonar discursos xenófobos y evitar la imitación de las posturas de Vox.
La ministra ha expresado su deseo de que los gobiernos autonómicos liderados por el PP rompan relaciones con Vox, quien ha amenazado a los 'populares' con deshacer pactos si aceptan acoger a los menas.
En este sentido, Montero ha enfatizado la importancia de rechazar la ideología ultraderechista que menosprecia a los migrantes y ha criticado la propuesta del PP de utilizar las Fuerzas Armadas en las fronteras como medida contra la inmigración.
Estas declaraciones fueron realizadas durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Canarias, donde el Gobierno propondrá a las autonomías acoger a 347 menores migrantes llegados a las islas, así como modificar la Ley de Extranjería.
Montero ha subrayado la necesidad de actuar ante la emergencia migratoria en Canarias y ha abogado por una distribución equitativa de menores en todo el territorio nacional.
El Gobierno central contribuirá con financiación para garantizar una atención adecuada a los menas, enfocándose en el respeto de los derechos humanos por encima de cualquier consideración económica. Aquellos que se nieguen a colaborar, lo harán por alineamiento ideológico con Vox o por evitar posibles consecuencias políticas.
En este sentido, Montero ha destacado la importancia de mantener un cordón sanitario frente a la ultraderecha para preservar la integridad de las instituciones, criticando al PP por permitir la entrada de esta corriente en los gobiernos autonómicos.
Por último, se ha confirmado que el reparto de menores migrantes incluirá a todas las comunidades autónomas, sin excepción, incluyendo a País Vasco y Cataluña, en un esfuerzo por garantizar una distribución equitativa de responsabilidades en materia de inmigración.